El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República exhortó a los congresos estatales de Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Chihuahua a armonizar sus Códigos Penales para tipificar la violencia vicaria como delito, con el objetivo de garantizar protección integral a las víctimas, sanciones proporcionales y acceso efectivo a la justicia para mujeres, niñas y niños afectados.

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta Parlamentaria, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, encabezadas por el coordinador del PT, Alberto Anaya, también solicitaron a las fiscalías estatales y tribunales familiares fortalecer la capacitación del personal ministerial, judicial y pericial en materia de violencia vicaria, para erradicar la impunidad, prevenir la revictimización institucional y garantizar procesos ágiles y con perspectiva de género.

Asimismo, pidieron a la Secretaría de las Mujeres y sus homólogas en las 32 entidades federativas implementar protocolos especializados que incluyan asesoría jurídica integral, atención psicológica y medidas de acompañamiento para hijas e hijos afectados, bajo un enfoque de derechos humanos y el interés superior de la niñez.

En el documento, los legisladores del PT subrayan que la violencia vicaria es una de las expresiones más crueles de la violencia de género, pues el agresor daña a la mujer a través de sus hijas e hijos para castigarla o mantener control sobre ella. “No es una forma de violencia que atenta sólo contra la integridad de las mujeres, sino también contra los derechos fundamentales de la niñez”, advierten.

De acuerdo con datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y la Secretaría de Gobernación, en el 86 % de los casos el agresor amenaza con causar daño a los hijos como mecanismo de coerción. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo desigual: aunque 29 estados reconocen esta forma de violencia en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia, sólo 22 la han tipificado como delito en sus códigos penales. Esta disparidad, señalan, genera vacíos legales que garantizan impunidad en entidades donde aún no está tipificada.

El PT también urgió a crear un sistema nacional de datos sobre violencia vicaria que recopile información de fiscalías, tribunales, refugios y organizaciones civiles, para diseñar políticas públicas efectivas y visibilizar a las víctimas que hoy permanecen fuera de los registros oficiales. “No basta con castigar al agresor; es necesario transformar las estructuras que permiten que la violencia se perpetúe”, enfatizaron.

“La violencia vicaria no es un hecho aislado, es el reflejo extremo de un sistema que permite que el dolor de las mujeres y la infancia sea utilizado como herramienta de control. Combatirla exige sensibilidad, compromiso y una justicia con rostro humano”, concluyeron las y los legisladores.