A partir de este domingo 2 de noviembre, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) deberán enfrentar el incremento en el transporte público concesionado de 1.50 pesos más en la tarifa de microbuses, vagonetas y autobuses de ruta y corredor.

El ajuste fue publicado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México durante la madrugada de este sábado, en una edición BIS de la Gaceta Oficial, por lo que el acuerdo entrará en vigor un día después de su publicación, tal como establece la normativa.

Tras el acuerdo alcanzado luego de una serie de demandas y advertencias de paro por parte de los profesionales del volante, las nuevas tarifas quedarán de la siguiente forma:

  • Microbuses y vagonetas: 7.50 pesos hasta 5 kilómetros; 8 pesos de 5 a 12 kilómetros; y 9 pesos por más de 12 kilómetros.
  • Autobuses de ruta: 8.50 pesos hasta 12 kilómetros; 9 pesos por más de 12 kilómetros.
  • Autobuses de corredor (morados): 9.50 pesos, tarifa única.

El servicio nocturno, que comprende de las 23:00 a las 6:00 horas del día siguiente, tendrá un recargo del 20 por ciento sobre las tarifas mencionadas, según la publicación del Gobierno capitalino.

El aumento no aplica al transporte público operado directamente por el Gobierno capitalino, como el Metro, Metrobús y Tren Ligero, entre otros.

En el documento se precisa que se trata de una “actualización de la tarifa aplicable al Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México”, autorizada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, conforme a las disposiciones de la Ley de Movilidad.

Según el acuerdo, el incremento deriva de un estudio de costos que tomó en cuenta el aumento de los combustibles y la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo cual —señala el texto— ha provocado incrementos en los gastos de operación del transporte concesionado.

El Gobierno capitalino, junto con la Semovi, implementará acciones de mejora en las condiciones físico-mecánicas de las unidades y promoverá la capacitación de los operadores, así como el cumplimiento de la revista vehicular anual y la regularización de trámites.

Además, se contempla la incorporación de cámaras, botones de pánico y dispositivos GPS para fortalecer la seguridad y modernizar el servicio.

El acuerdo también prevé apoyos económicos a los concesionarios para la sustitución de unidades obsoletas por vehículos eléctricos o híbridos, con el fin de avanzar hacia un sistema de transporte más sustentable.

El aumento fue resultado de una mesa de diálogo celebrada la noche del viernes 31 de octubre, encabezada por los secretarios de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; de Gobierno, César Cravioto Romero; y de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, junto con líderes de 12 corredores y representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quienes habían solicitado un incremento de dos pesos y un subsidio al combustible.

Sin embargo, el acuerdo final estableció un ajuste menor, sin el bono al diésel solicitado, aunque sí con apoyos para la renovación del parque vehicular, de hasta 450 mil pesos por unidad, explicó Fernando Ruano, secretario general de la Coalición de Permisionarios de la Ciudad de México.

No estamos conformes; no obtuvimos la tarifa que deseábamos, pero sí un gran apoyo por parte de la Jefa de Gobierno. Sabemos que el servicio ha sido deficiente, pero vamos a mejorar”, declaró Ruano ante los medios al salir de la reunión.

Nuevas mesas de negociación

En los próximos meses se realizarán nuevas mesas de negociación por ruta para revisar las condiciones económicas de los concesionarios y avanzar en la mejora del servicio.

El Instituto de Verificación Administrativa y la Semovi serán los encargados de supervisar el cumplimiento de las disposiciones acordadas.

El último aumento a la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México se realizó en junio de 2022, cuando se autorizó un ajuste de un peso.

Con este nuevo incremento, el Gobierno capitalino asegura que busca “mantener un equilibrio entre la operación del servicio y la protección de la economía familiar”, aunque el alza impactará directamente en el bolsillo de millones de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.