En el Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, lanzó un llamado urgente para reconocer que la libertad sindical en México continúa siendo más un anhelo que una realidad. Con cifras que revelan la magnitud del problema, señaló que de los 60 millones de trabajadores en el país apenas el 8 por ciento está sindicalizado, lo que evidencia la falta de condiciones efectivas para ejercer este derecho fundamental.

Barrales subrayó que no existe mejor política social que la política laboral, porque el empleo digno y los derechos de organización son la base para mejorar la vida de las familias mexicanas. Sin embargo, denunció que históricamente se ha limitado la capacidad de los trabajadores para organizarse y elegir libremente a sus representantes. “La libertad sindical sigue siendo un anhelo en nuestro país”, afirmó, al advertir que los sindicatos han sido utilizados como brazos políticos al servicio del poder, en acuerdos donde los líderes reciben privilegios a cambio de apoyo electoral, práctica que ha debilitado su autonomía y traicionado su razón de ser: la defensa genuina de los derechos laborales.

La senadora también señaló que la intervención directa de las autoridades en la vida interna de los sindicatos persiste como un obstáculo grave para la libertad de organización. Como ejemplo, mencionó el caso reciente en la Ciudad de México, donde se negó la “toma de nota” a un dirigente legítimamente electo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, lo que demuestra que el control político sigue operando sobre las estructuras sindicales.

Al pronunciarse a favor del dictamen que adiciona un artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y un artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de autonomía sindical, Barrales fue categórica: México continúa siendo uno de los pocos países donde los sindicatos deben pedir permiso para existir, otorgando al gobierno la facultad de decidir qué gremios y qué líderes pueden nacer o desaparecer. “Esto vulnera uno de los derechos laborales más fundamentales”, sentenció, dejando claro que la reforma es apenas un paso para desmontar décadas de control político sobre la organización sindical.