En una sesión marcada por la indignación y el llamado a la reflexión, la LXII Legislatura del Estado de México guardó un minuto de silencio en memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre. El homenaje, solicitado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se convirtió en un espacio para condenar la violencia y exigir la suma de esfuerzos políticos para enfrentar la crisis de seguridad que golpea al país.

Zepeda calificó el asesinato como grave, condenable y repudiable, y expresó su solidaridad con la familia del edil. Recordó que Manzo había exigido frenar las complicidades entre poder político y delincuencia, una advertencia que hoy resuena con fuerza. “Lo que sucede en Michoacán no es ajeno al Estado de México”, advirtió, al convocar a la unidad nacional y a la construcción de acuerdos que permitan recuperar la paz.

El legislador también condenó el acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, señalando la necesidad de legislar para implementar políticas públicas integrales que eduquen a los hombres y fortalezcan mecanismos institucionales de protección para las mujeres.

Desde la bancada de morena, Samuel Hernández Cruz se sumó a la condena del homicidio, al que calificó como un asunto de Estado, no de partidos. Subrayó que, además de alzar la voz, se deben generar propuestas que construyan paz, rechazando cualquier intento de regresar a modelos de guerra o políticas intervencionistas. Por su parte, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, del PT, criticó la incongruencia de quienes condenan el asesinato mientras han votado en contra de reformas clave como la creación de la Guardia Nacional. “Está en juego la soberanía nacional”, afirmó, al llamar a cerrar filas con la patria.

Ernesto Santillán Martínez, también del PT, expresó su indignación por la agresión contra la presidenta Sheinbaum, calificándola como un agravio a la dignidad de las mujeres y una ofensa inaceptable. Manifestó su respaldo con respeto y solidaridad, dejando claro que amedrentar a una mujer en el ejercicio de su función pública no solo es injusto, sino intolerable.

El mensaje fue unánime: México enfrenta una crisis que exige unidad, responsabilidad y acciones concretas para garantizar la paz y la seguridad. Entre condenas y llamados a la reflexión, el Congreso mexiquense envió una señal clara: la violencia no puede normalizarse y la política debe responder con firmeza y compromiso.