El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de garantizar que las y los usuarios puedan cancelar de manera sencilla e inmediata sus suscripciones o membresías con cobro recurrente. El proyecto fue avalado con 91 votos a favor y remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La reforma establece que los proveedores deberán informar de forma clara y visible si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, así como el monto, la periodicidad y la fecha de cargo; notificar con al menos cinco días de anticipación cualquier renovación automática; y garantizar mecanismos simples, rápidos y gratuitos para la cancelación, sin penalizaciones injustificadas.

Durante la discusión en el Pleno, la senadora Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, destacó que la medida responde al crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de proteger los derechos digitales de las personas consumidoras. “Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”, afirmó.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en 2024 se registraron más de 20 mil quejas relacionadas con servicios digitales y suscripciones automáticas, principalmente en plataformas de streaming, gimnasios, software y telefonía móvil. Con esta reforma, México se alinea a las mejores prácticas internacionales, como la regla “Click-to-Cancel” de la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos y las directrices de la Unión Europea en materia de comercio electrónico.

Las y los legisladores coincidieron en que la economía digital debe ser un espacio de derechos y libertades, no de abusos. “Con esta ley, protegemos la economía familiar, modernizamos nuestra legislación y reafirmamos que la tecnología debe servir a las personas, no aprovecharse de ellas”, subrayó López Castro.

Esta reforma representa un avance hacia una economía digital más justa, transparente y sostenible, donde los derechos de las personas consumidoras estén al mismo nivel que los del comercio tradicional.