Toluca, Estado de México, 7 de noviembre de 2025.
El Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura mexiquense, coordinado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, presentó una propuesta para reformar la Ley de Vivienda del Estado de México con el objetivo de eliminar prácticas discriminatorias en la renta o venta de inmuebles hacia personas que cohabitan con niñas, niños o animales de compañía.

La iniciativa, expuesta en tribuna por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, busca reconocer expresamente en la legislación que ninguna persona puede ser excluida de un contrato de arrendamiento o compraventa por su composición familiar o forma de vida. La legisladora señaló que es común encontrar anuncios en portales inmobiliarios y redes sociales con frases como “no se aceptan niños”, “no se permiten mascotas” o “solo adultos”, lo que vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna y el principio de igualdad y no discriminación.

Romero explicó que esta práctica afecta a madres solteras con hijos pequeños, parejas jóvenes con animales de compañía o adultos mayores que conviven con seres sintientes, quienes son descartados no por su capacidad económica, sino por condiciones personales. Para dimensionar el problema, indicó que el Estado de México, con 16.9 millones de habitantes, cuenta con 4.5 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales más de 2.6 millones presentan carencias estructurales o de servicios básicos, y el 18.5% carece de título de propiedad.

La propuesta establece que las disposiciones de la ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social, garantizando que toda persona, sin importar origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, estado civil, preferencias o la cohabitación con infancias y animales de compañía, pueda ejercer plenamente su derecho a una vivienda digna y decorosa.

Con esta iniciativa, el PAN busca avanzar hacia un marco legal que proteja la diversidad familiar y promueva la igualdad, eliminando restricciones que perpetúan prácticas discriminatorias en el acceso a la vivienda.