El aceite degradado que contaminó el agua del Pozo Alfonso XIII, en la alcaldía Benito Juárez, hace más de año y medio, provenía de empresas asentadas en la zona hace más de 40 años, reveló la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, quien enfatizó que este tipo de aceite actualmente no se produce.

A finales de marzo de 2024, más de 80 colonias de la alcaldía Benito Juárez, reportaron la llegada de agua de la red con olor a combustible y “aceitosa” que provocó afecciones de salud, a decenas de vecinos.

El 16 de mayo del año pasado, las autoridades confirmaron que la sustancia contaminante se trataba de diésel degradado, hallado a 110 metros de profundidad en el Pozo Alfonso XIII, ubicado en la colonia del mismo nombre.

El pozo fue clausurado y las autoridades descartaron que la contaminación haya alcanzado el acuífero principal, ya que se encontraba mucho más abajo. 

Sin embargo, aseguraron que se desconocía el origen del contaminante, además de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México -hoy Seguiagua- reservó por tres años los resultados de los análisis de laboratorio sobre el agua contaminada, bajo el argumento que la divulgación podría entorpecer la investigación y generar interpretaciones erróneas.

Producto ya no se produce

Este viernes, tras comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México como parte de la Glosa del Primer Informe de labores de la Jefa de Gobierno, Urzúa Venegas señaló que “se cree que el origen del aceite degradado provino de empresas que funcionaban hace más de cuarenta años”.

Detalló que se hizo un diagnóstico de todos los lugares en donde podrían haber estado utilizando este tipo de aceites.

Son empresas que funcionaron hace más de cuarenta años. Ya no están, el producto en este momento ya ni siquiera se produce”, recalcó.

Conclusiones sobre el caso

La comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México detectó omisiones y poca transparencia por parte de autoridades locales, entre ellos la Secretaría de Gestión Integral del Agua -antes SACMEX-  y el Gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces encabezado por Martí Batres-, en el caso de contaminación del agua que afectó a decenas de colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Si bien, se reconoce que las autoridades emprendieron acciones para atender la situación imperante, la información puesta a disposición del público resultó insuficiente, fragmentada y de difícil comprensión”, se señala en la Propuesta General 1/2025 “El derecho de acceso a la información ambiental sobre la gestión del agua”, presentado a los vecinos afectados “a puerta cerrada”.

El organismo también detectó diversas inconsistencias en el proceso de entrega de información a las personas afectadas, sobre la problemática suscitada en distintas colonias de la demarcación Benito Juárez.

Se advierte que la ausencia de datos técnicos completos, la falta de mecanismos de comunicación accesible y la dependencia exclusiva de medios digitales “configuran un patrón que restringe el ejercicio del derecho de acceso a la información que, de manera interdependiente, vulnera los derechos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano”.

Ante ello, se exhortó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua a asumir como principio la obligación de publicar información proactivamente, con independencia de que medie o no solicitud formal al respecto.

Ello “para evitar los rumores y la desinformación, y sobre todo que se generen escenarios que permitan la posibilidad de afrontar amenazas posibles o reales, lo cual no es sólo un deber administrativo, sino también una obligación”, concluye el documento.