Con el objetivo de enfrentar de manera decidida la impunidad y fortalecer la procuración de justicia en el Estado de México, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXI Legislatura presentó este martes una iniciativa de ley que plantea cambios de fondo en el funcionamiento y financiamiento de la Fiscalía General de Justicia estatal. La propuesta incluye la creación de una Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión, un delito que en los últimos años ha golpeado con fuerza a comerciantes, transportistas y familias trabajadoras de la entidad.

En conferencia de prensa previa a la sesión del Pleno, las y los diputados priistas encabezados por Elías Rescala Jiménez, coordinador del grupo parlamentario, detallaron los alcances de la reforma que, aseguraron, responde a una necesidad urgente: enfrentar una impunidad histórica que ha debilitado la confianza en las instituciones de justicia.

Acompañado de las diputadas Lilia Urbina Salazar y María Mercedes Colín Guadarrama, así como de los legisladores Mariano Camacho San Martín, Eduardo Zarzosa Sánchez y Alejandro Castro Hernández, Rescala Jiménez sostuvo que el diagnóstico es claro y alarmante.

“En el Estado de México, aproximadamente nueve de cada diez delitos quedan impunes. Esta impunidad se explica porque la Fiscalía no cuenta con los recursos humanos ni presupuestales suficientes para enfrentar la magnitud de la criminalidad. Por ello proponemos que cuente con un presupuesto mínimo del 2% de los ingresos ordinarios del Estado, tal como ocurre con el Poder Judicial”, afirmó.

La iniciativa busca garantizar un presupuesto mínimo irreductible para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el fin de evitar recortes discrecionales que limiten su capacidad para investigar, perseguir delitos y atender a las víctimas. Según los legisladores, de haber estado vigente esta reforma, la Fiscalía habría contado en 2025 con más de dos mil millones de pesos adicionales.

La diputada Lilia Urbina subrayó que este fortalecimiento financiero no es una medida administrativa, sino una vía para atender las exigencias de justicia de miles de mexiquenses.

“El corazón de esta iniciativa está en cada mujer que ha sido violentada, en cada joven víctima de un delito y en cada familia que exige justicia. Reducir la impunidad es reducir el dolor de las víctimas”, afirmó. Explicó que contar con más recursos permitirá ampliar la plantilla de ministerios públicos, mejorar la capacitación del personal y garantizar una atención más profesional y humana en cada caso.

En la segunda parte de la propuesta, el diputado Mariano Camacho San Martín presentó la iniciativa para combatir de manera específica el delito de extorsión, particularmente en su modalidad de “cobro de piso”, una práctica criminal que ha crecido de forma preocupante en el país.

“El cobro de piso se ha convertido en una práctica criminal que roba la tranquilidad de miles de hogares. Entre 2010 y 2023 se cometieron más de 22.6 millones de extorsiones en el país, pero solo el 1% se denuncia. Queremos romper ese círculo de impunidad y crear una Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión”, expuso.

De aprobarse, esta nueva instancia se encargará de investigar, perseguir y judicializar los delitos relacionados con la extorsión, además de ofrecer atención especializada a víctimas y denunciantes. A nivel municipal, se contempla la creación de Unidades Policiales Especializadas en Cobro de Piso, cuyos elementos serán capacitados en coordinación con la Universidad Mexiquense de Seguridad.

La propuesta también plantea que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, lo que obligará a las autoridades a iniciar investigaciones incluso sin que exista una denuncia formal, una medida destinada a proteger a las víctimas que temen represalias.

“Esta reforma refrenda nuestro compromiso con la justicia, la seguridad y el Estado de Derecho. Queremos devolver la paz a las comunidades, proteger al sector productivo y garantizar que la ley se aplique sin excepciones”, concluyó Camacho.

Con estas iniciativas, el grupo parlamentario del PRI busca establecer una estrategia integral que no solo fortalezca a la FGJEM, sino que también atienda uno de los delitos que más daño causa al tejido social: la extorsión. La discusión legislativa marcará los próximos pasos en un debate que promete definir el rumbo de la justicia en el Estado de México.