En la décimo quinta edición de El Buen Fin, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) hizo un llamado enérgico a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para incrementar las acciones de vigilancia y garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras durante este evento comercial, que busca fortalecer la economía familiar, promover el consumo de productos nacionales y estimular el comercio formal.

Las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, junto con el senador Alberto Anaya, solicitaron que Profeco refuerce su presencia en supermercados, tiendas departamentales, plazas comerciales y mercados, además de habilitar líneas telefónicas para atender denuncias por abusos o prácticas desleales cometidas por los participantes en El Buen Fin.

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta Parlamentaria, el GPPT pidió también a la Secretaría de Economía, a Profeco y a las organizaciones empresariales fortalecer la difusión de la campaña de identidad nacional mediante el uso de los logotipos oficiales de “El Buen Fin 2025” y “Hecho en México”, con el objetivo de fomentar el consumo interno, resaltar la calidad de la producción nacional y promover el orgullo por lo hecho en el país.

Asimismo, se solicitó a Profeco presentar un informe detallado sobre las acciones implementadas durante el evento y los resultados del monitoreo realizado a través del programa “Quién es quién en los precios”, especialmente en productos de alto consumo, para verificar que las ofertas sean reales y se respeten los derechos de las personas consumidoras.

El GPPT recordó que El Buen Fin nació para estimular la economía y fortalecer el comercio formal mediante promociones atractivas, pero advirtió que en ediciones anteriores se han detectado prácticas desleales por parte de algunos vendedores, lo que hace indispensable la intervención firme de Profeco para garantizar un entorno comercial justo y transparente.

Finalmente, las y los legisladores subrayaron que el papel del Gobierno de México, a través de Profeco, es asegurar que las promociones sean auténticas y que las relaciones de consumo se ajusten a la normativa vigente, evitando cualquier práctica que perjudique a las y los consumidores.