El diputado federal Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de sancionar severamente la fabricación, comercialización, distribución o adquisición de equipamiento táctico-operativo reservado para las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, cuando se realice sin autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina.

La propuesta establece penas de uno a seis años de prisión y multas que van de 200 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en estas conductas, y advierte que en caso de reincidencia las sanciones se incrementarán hasta en una mitad. El legislador subrayó que la dotación de este tipo de equipamiento será exclusiva del Estado, a través de las instancias competentes de los tres órdenes de gobierno.

Entre los artículos que se pretenden reformar, se incluye la prohibición expresa para personas físicas o morales de fabricar, vender, distribuir o adquirir uniformes, insignias, chalecos antibalas, cascos tácticos, vehículos blindados, radios de comunicación encriptados y cualquier otro equipo reservado para operaciones de seguridad pública o defensa nacional. Asimismo, se establece que los integrantes de las instituciones de seguridad solo podrán portar el equipamiento oficial dotado por el Estado y registrado ante las autoridades competentes.

Manzanilla Téllez argumentó que esta iniciativa busca cerrar el paso a la usurpación de identidad y al uso indebido de equipo táctico por parte de grupos criminales, prácticas que han impactado negativamente en la percepción ciudadana sobre la seguridad y en la confianza hacia las instituciones encargadas de garantizarla. “Casos en los que delincuentes se hacen pasar por agentes utilizando uniformes y equipo similar al oficial han derivado en delitos graves contra la población”, advirtió.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, 58.6% de los mexicanos considera insegura la ciudad donde vive, y la confianza en la policía preventiva municipal apenas alcanza el 48.6%. Esta desconfianza se agrava cuando los ciudadanos son víctimas de delitos cometidos por falsos agentes, lo que evidencia la necesidad de un marco legal más estricto para controlar la distribución y uso de equipamiento táctico.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional para su análisis. Con esta reforma, se busca fortalecer la legitimidad de las fuerzas de seguridad, prevenir delitos y garantizar que el equipamiento táctico permanezca bajo control exclusivo del Estado, evitando que sea utilizado para actividades ilícitas.