El diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para suprimir el fuero penal en el Estado de México y permitir que todas las personas servidoras públicas puedan ser investigadas y procesadas directamente ante los tribunales competentes, sin necesidad de declaración de procedencia. La propuesta busca garantizar justicia sin privilegios, fortalecer la rendición de cuentas y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.

El legislador explicó que, aunque la Constitución local no menciona expresamente el “fuero”, sí establece una inmunidad procesal que impide que ciertos funcionarios sean juzgados penalmente mientras ejercen su cargo, salvo autorización de la Legislatura. Con la reforma, esta protección desaparecería, de modo que cualquier conducta que constituya delito fuera del ámbito de sus funciones parlamentarias será sancionada conforme a la ley, sin trámite previo.

La iniciativa mantiene la inviolabilidad legislativa únicamente para opiniones, expresiones, votos y actuaciones en el ejercicio del cargo, pero elimina cualquier tipo de inmunidad para integrantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos. Además, establece que todas las personas servidoras públicas serán penalmente responsables sin distinción y podrán ser procesadas ante los tribunales competentes.

En los artículos transitorios se fija un plazo máximo de 90 días para que la Legislatura mexiquense armonice las leyes locales y elimine toda referencia al fuero o a la declaración de procedencia. Los procesos de desafuero en curso se cancelarán y sus investigaciones se remitirán al Ministerio Público para continuar conforme al procedimiento penal ordinario.

Martínez Vargas destacó que entidades como Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Baja California ya han eliminado el fuero penal sin afectar la gobernabilidad ni la independencia de los poderes. Consideró que el Estado de México, con más de 17 millones de habitantes, requiere mecanismos jurídicos que garanticen igualdad ante la ley y fortalezcan la confianza pública en los poderes del Estado.