La administración de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, negó categóricamente haber incurrido en actos de represión durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado domingo 15 de noviembre. Sin embargo, los hechos contradicen la versión oficial.

De acuerdo con testimonios y reportes difundidos en redes sociales, 16 jóvenes fueron detenidos y mantenidos fuera del Registro oficial, lo que constituye una práctica ilegal e inconstitucional. Solo fueron ingresados después de que la información se viralizó. Además, varios periodistas resultaron agredidos por elementos policiales, situación que la autoridad no ha reconocido.

En su declaración, Brugada aseguró que no hubo personas hospitalizadas ni desaparecidas, y que los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron únicamente “acciones de contención” sin uso excesivo de fuerza. Incluso afirmó que la movilización pudo haber sido “impulsada por grupos conservadores” para generar confrontación y caos.

La postura oficial contrasta con las imágenes y denuncias que circulan en plataformas digitales, donde se observa el actuar violento de los uniformados contra manifestantes y comunicadores. Organizaciones civiles han señalado que estas acciones vulneran el derecho a la libre manifestación y la protección a la prensa.