Por años, México fue considerado exclusivamente un país de tránsito para las personas migrantes que, provenientes principalmente de Centroamérica, buscaban llegar a Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno ha cambiado de manera profunda. En la última década, y con mayor énfasis en los años recientes, México se ha convertido en un destino para miles de personas que llegan no solo de Centroamérica y Sudamérica, sino también de regiones de África, atraídas por un marco legal más garantista y por la posibilidad de acceder a oportunidades laborales.

Así lo afirmó el catedrático e investigador del Centro Universitario Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Julio Martínez Delgado, experto en Derecho Electoral y Derecho Internacional, quien explicó que las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos marcaron un antes y un después en la política migratoria mexicana. Dichas reformas, recordó, posicionaron a México como uno de los países con una legislación más avanzada en la materia, al reconocer el acceso a servicios de salud, educación y justicia para cualquier persona migrante sin importar su estatus migratorio.

“Nuestra legislación es completamente novedosa. En nuestro país, la ley permite a los migrantes el acceso a servicios de salud, educación y justicia, lo cual hace que hoy muchos ya no vean a México como un simple punto de paso, sino como un destino con oportunidades laborales”, señaló el académico, quien destacó que este cambio de paradigma ha derivado en una presencia más estable y duradera de comunidades migrantes en diversas ciudades del país.

No obstante, subrayó que este avance legal convive con desafíos estructurales que aún no han sido resueltos. El principal, dijo, es la inseguridad. “La inseguridad sigue siendo un factor determinante. Grupos delictivos representan un riesgo constante para las personas migrantes”, advirtió. En este sentido, explicó que, aunque existen programas sociales orientados a prevenir la participación de jóvenes en actividades ilícitas, todavía resulta insuficiente el fortalecimiento de políticas públicas orientadas específicamente a proteger a las personas migrantes durante su tránsito y estancia.

Martínez Delgado indicó que otro reto importante es la necesidad de armonizar el marco jurídico nacional con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si bien reconoció que la Ley de Migración representa un avance significativo, consideró que “nuestra ley tiene bondades, pero no siempre responde a los estándares de protección establecidos en los tratados internacionales. Necesitamos reencauzarla y mejorarla”.

Una de las principales fallas, explicó, es la ausencia de protocolos eficaces para el seguimiento de personas migrantes desde su ingreso al territorio nacional. Lejos de una vigilancia invasiva, aclaró, el objetivo debe ser garantizar su seguridad. “Lo que busca el Derecho Internacional es que ninguna persona desaparezca o sea víctima de delitos sin que el Estado tenga capacidad de respuesta”, enfatizó.

El académico hizo un contraste con las políticas restrictivas implementadas por gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos, donde prevaleció una narrativa de contención y endurecimiento fronterizo. Frente a ello, aseguró que México ha optado por un enfoque más humanista. “Debemos ser empáticos. En cualquier momento nosotros podríamos estar en la misma situación y desearíamos ser tratados con dignidad, lo que Estados Unidos ha dejado de garantizar”, reclamó.

Finalmente, Martínez Delgado llamó a reforzar la institucionalidad y aumentar el presupuesto destinado a la atención migratoria. Reconoció que las políticas públicas requieren inversión, pero advirtió que el Estado mexicano no debe abandonar los compromisos ya establecidos en materia de derechos humanos. “Sabemos que las políticas públicas cuestan, pero no debemos descuidar aquello a lo que el Estado mexicano ya se ha comprometido”, concluyó.