Las autoridades capitalinas confirmaron que al menos 18 elementos de seguridad son investigados por presunto abuso de fuerza contra asistentes a la protesta realizada el 15 de noviembre en la Ciudad de México. De ellos, siete policías fueron suspendidos por agresiones directas a manifestantes, según informó el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” sobre la actuación de los uniformados. Sin embargo, la indignación crece ante lo que organizaciones civiles califican como un operativo represivo que vulneró el derecho a la libre manifestación.

Además, Brugada confirmó que hay 18 personas detenidas por distintos delitos relacionados con los disturbios ocurridos durante la marcha, que reunió a más de 17 mil personas en las principales vialidades de la capital. Lo que inició como una movilización pacífica terminó en enfrentamientos cuando un grupo derribó las vallas que resguardaban Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.

Este caso se suma a las denuncias por agresiones a periodistas y detenciones irregulares, lo que refuerza las críticas sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de garantías para la protesta social en la Ciudad de México.