El asesinato de la regidora Karina Díaz, ocurrido a balazos frente a su domicilio en Palizada, Campeche, es un hecho que sacude a la entidad y refleja la profunda crisis de seguridad que se vive bajo el gobierno de Morena. Este crimen no es un caso aislado: forma parte de una escalada de violencia que, desde hace siete años, ha cobrado la vida de alcaldes, regidores y funcionarios públicos en distintos estados del país.

Desde 2018, cuando Morena asumió el poder federal, México ha registrado un incremento alarmante en los homicidios contra autoridades locales. De acuerdo con reportes de organizaciones civiles y medios nacionales, más de 90 servidores públicos —entre presidentes municipales, regidores y candidatos— han sido asesinados en este periodo. La violencia política se ha convertido en una constante, afectando la gobernabilidad y debilitando las instituciones en regiones donde el crimen organizado ha encontrado terreno fértil.

Campeche, que en administraciones anteriores se distinguía por su estabilidad y paz social, hoy enfrenta un panorama desolador. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI y senador de la República, denunció en su cuenta de X que el estado “fue entregado al caos” y que “nadie está a salvo: ni mujeres, ni familias, ni servidores públicos”. Moreno recordó que durante su gestión como gobernador se garantizó seguridad y rumbo, contrastando con el retroceso actual, marcado por miedo y abandono.

La realidad es innegable: la violencia se ha normalizado en las calles, en las conversaciones cotidianas y en la vida pública. El crimen organizado ha penetrado estructuras locales, mientras la autoridad parece ausente. Cada asesinato de un funcionario no solo es un golpe a la democracia, sino también un mensaje de impunidad que erosiona la confianza ciudadana.

Hoy, Campeche es ejemplo del desgobierno que se extiende por varias entidades. La falta de estrategia, la improvisación y la permisividad han abierto la puerta a la delincuencia, dejando a la población en estado de vulnerabilidad permanente. La pregunta que resuena es clara: ¿cuántas vidas más deberán perderse para que se recupere el orden y la seguridad?