El Partido Verde en el Senado lanzó un mensaje claro: ningún mineral vale más que la vida de quienes bajan a las minas. Con firmeza, respaldó la ratificación del Convenio 176 de la OIT, que obliga a garantizar condiciones mínimas de seguridad y dignidad laboral en una industria marcada por tragedias evitables.

La senadora Virginia Magaña recordó que la minería, aunque aporta el 4.7% del PIB y más de 419 mil empleos, sigue siendo sinónimo de riesgo extremo. “No podemos permitir minas sin ventilación, sin equipos de rescate, ignorando riesgos de derrumbe. La minería debe sustentarse en dignidad, no en explotación”, advirtió, tras mencionar casos recientes en Guanajuato y Guerrero, además del histórico desastre de Pasta de Conchos.

Por su parte, Karen Castrejón subrayó que adoptar estándares internacionales no es un trámite, sino una obligación moral. “Estamos hablando de vidas humanas, de familias enteras que dependen de trabajadores expuestos a enfermedades como fibrosis pulmonar, cáncer o leucemia por prácticas inseguras”, señaló. Recordó el accidente en la mina El Limón Guajes, en Cocula, donde tres mineros murieron por monóxido de carbono, como ejemplo del abandono en materia de seguridad.

Castrejón fue tajante: “Aunque existen normas como la NOM-023, la realidad es que la minería sigue siendo peligrosa. Ratificar el Convenio 176 es el primer paso para reducir riesgos, evitar tragedias y avanzar hacia una minería justa, humana y sustentable”.

El Partido Verde dejó claro que no se trata de cifras ni discursos, sino de proteger vidas y garantizar derechos: información sobre riesgos, representación en seguridad y la posibilidad de retirarse de zonas peligrosas sin represalias. “La minería no puede seguir siendo una sentencia de muerte”, concluyeron.