Este viernes concluyeron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales. Durante varios días, activistas, académicos, científicos, representantes comunitarios y organizaciones agrarias se volcaron en un ejercicio que, al menos en el discurso, buscaba garantizar la participación ciudadana en la construcción de un marco legal para el recurso más vital: el agua.

En la última jornada, el tema central fue el “derecho humano al agua”. Las y los participantes insistieron en reconocer a los Consejos Comunitarios y en priorizar la justicia hídrica. Hubo llamados para que la reasignación de volúmenes privilegie el consumo humano y la soberanía alimentaria. Incluso se escucharon voces que calificaron la actual Ley de Aguas Nacionales como uno de los capítulos más oscuros del neoliberalismo, señalando que cada año se dejan de cobrar más de 44 mil millones de pesos en derechos.

Las propuestas no fueron pocas: tipificar la contaminación del agua como delito contra la salud, integrar de manera real las aguas superficiales y subterráneas, reconocer los derechos de la naturaleza, generar planes de desarrollo comunitario y establecer educación ambiental desde las escuelas. En total, se registraron 450 propuestas sustentadas en documentos, con 180 ponencias y 200 participaciones adicionales. Un despliegue ciudadano que, en cualquier democracia robusta, sería la antesala de un debate legislativo profundo.

Las y los diputados, por supuesto, agradecieron la “gran participación” y prometieron que todo será analizado con responsabilidad. Morena, a través de sus representantes, aseguró que se busca una ley “justa, participativa y en beneficio del pueblo”. El PVEM habló de sumar voluntades, y Movimiento Ciudadano pidió gobernanza abierta, plural y transparente, además de un fondo nacional para infraestructura hídrica. El PT, por su parte, pidió respetar a comunidades agrarias y pueblos originarios, mientras otros legisladores advirtieron sobre el mercado negro de pipas y la urgencia de tipificar delitos hídricos.

En la última mesa, se subrayó la gravedad del panorama: más del 70% de ríos y lagos presentan niveles críticos de contaminación; nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable; once millones no tienen alcantarillado y 515 municipios no disponen de drenaje. Se pidió reconocer a ríos, lagos y manantiales como sujetos de derechos, articular mecanismos de consulta y garantizar sistemas comunitarios basados en cosmovisiones ancestrales. También se exigió que el agua no se conciba como mercancía, sino como derecho humano, y que se evite el acaparamiento por grandes concesionarios.

Hasta aquí, todo suena alentador. Pero la pregunta inevitable flota en el aire: ¿servirá de algo este despliegue ciudadano? Porque si la historia reciente nos enseña algo, es que las iniciativas presidenciales rara vez sufren alteraciones cuando llegan al pleno. Morena no suele cambiar ni una coma a los proyectos de la presidenta Sheinbaum. Así que, mientras se presume diálogo y consenso, la realidad podría reducirse a un trámite protocolario que legitime lo que ya está decidido.