El expresidente brasileño Jair Bolsonaro protagonizó un nuevo capítulo judicial que sacude la política de Brasil. En un video divulgado por la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal (STF), el exmandatario reconoció haber utilizado un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos mientras cumplía arresto domiciliario en su residencia de Brasilia. “Metí un soldador ahí… por curiosidad”, confesó Bolsonaro ante una funcionaria que inspeccionaba el dispositivo, el cual presentaba marcas de quemaduras en toda su circunferencia.

La alarma del equipo se activó a las 00:08 horas del sábado 22 de noviembre, lo que llevó al STF a considerar que existía un “riesgo concreto de fuga” y una “amenaza al orden público”. Según el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, la manipulación coincidió con una manifestación convocada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, frente a la residencia familiar, lo que habría facilitado un eventual intento de escape hacia alguna embajada cercana.

Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de prisión por liderar una trama golpista para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanecerá bajo custodia en una sala especial. La defensa del exmandatario calificó la medida como “sorprendente” y advirtió que su delicado estado de salud —producto de secuelas de una puñalada sufrida en 2018 y múltiples cirugías posteriores— podría poner su vida en riesgo. Sus abogados anunciaron que apelarán la decisión en las próximas horas.

El incidente, que comenzó como un acto que Bolsonaro justificó por “curiosidad”, se convirtió en un detonante político y judicial que refuerza la percepción de inestabilidad en la derecha brasileña. Con la prisión preventiva, el expresidente queda fuera de juego en la carrera presidencial de 2026, mientras Lula da Silva ya ha manifestado su intención de buscar un nuevo mandato. El Supremo, por su parte, fijó un plazo de 24 horas para que la defensa explique el comportamiento del exgobernante, mientras el país debate entre quienes ven la medida como justicia y quienes la consideran persecución política.