El avance tecnológico exige marcos legales que protejan los derechos de las personas. Con esta premisa, el diputado Alan Sahir Márquez Becerra (PAN) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de tipificar el uso de inteligencia artificial (IA) en el robo de identidad como un delito grave, sancionable con penas de 4 a 10 años de prisión y hasta mil días de multa.

La propuesta establece que incurre en este delito quien, mediante IA o tecnologías de la información, obtenga, posea, utilice, transfiera, reproduzca o manipule datos personales, imágenes, videos, audios o cualquier elemento identificativo sin consentimiento, con el fin de suplantar la identidad para obtener beneficios indebidos o causar daño. Además, contempla agravantes cuando estas prácticas se utilicen para cometer fraudes, generar desinformación o desprestigio mediante la clonación digital de voz o imagen.

El proyecto incluye la adición de la fracción XVII al artículo 11 Bis y la creación del capítulo I Bis “Robo de identidad”, con los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties. Las sanciones pecuniarias se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, que será de 400 a 600 veces el valor diario de la UMA, y la eliminación inmediata del contenido suplantado.

En su exposición de motivos, Márquez Becerra subrayó que el robo de identidad ya no se limita a la falsificación de documentos: hoy, mediante algoritmos avanzados, es posible crear imágenes, videos y audios que replican con precisión la voz y el rostro de una persona sin su consentimiento, lo que pone en riesgo su reputación, seguridad personal e integridad financiera. “La tecnología debe ser una herramienta de progreso y no un instrumento de vulneración de derechos”, enfatizó.

La iniciativa también alerta sobre modalidades de fraude cibernético como smishing, phishing, vishing y pharming, que utilizan mensajes, llamadas y sitios falsos para obtener información confidencial. Ante este panorama, el legislador insistió en que la innovación debe ir acompañada de responsabilidad social y normas claras que sancionen el uso indebido de IA.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.