Mientras el campo mexicano sigue hundido en el abandono y la inseguridad, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural aprobó con 27 votos a favor la iniciativa del diputado federal Juan Francisco Espinoza Eguía, que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para fortalecer la infraestructura ganadera y dar herramientas reales a los pequeños y medianos productores.

La propuesta busca certificar instalaciones para el sacrificio pecuario y fomentar infraestructura especializada para la transformación, conservación y transporte en frío de productos, mediante esquemas que beneficien a quienes sostienen la vida rural. No implica gasto adicional, lo que evidencia que la falta de apoyo al campo no es por falta de recursos, sino por falta de voluntad política.

Espinoza fue contundente: “Con esta herramienta les daríamos la posibilidad de organizarse y llevar su producción a la exportación o al consumo nacional, dándole valor agregado”. Una visión que contrasta con la política del gobierno, que ha desmantelado apoyos históricos y pretende resolver la crisis con programas asistencialistas como Sembrando Vida, incapaces de generar competitividad real.

El legislador priista denunció que la ganadería social ha sido marginada, lo que en coyunturas críticas se traduce en vulnerabilidad económica para miles de familias rurales. Hoy, los beneficios de la exportación se concentran en grandes consorcios, mientras las comunidades sobreviven con lo mínimo. Esta iniciativa busca romper ese círculo perverso.

La aprobación del dictamen es un paso para democratizar el acceso a infraestructura estratégica, proteger la ganadería social y dar certidumbre a los productores. Pero también exhibe la omisión del gobierno federal, que ha preferido culpar al pasado antes que asumir su responsabilidad presente. Cada día sin acciones concretas es un golpe a la economía rural y a la seguridad alimentaria del país.

El mensaje es claro: el desarrollo rural sustentable no puede seguir siendo un discurso vacío. Se necesita equidad, competitividad y visión de futuro. Y mientras el gobierno se aferra a la narrativa del asistencialismo, son las iniciativas legislativas —como la de Juan Francisco Espinoza— las que intentan rescatar lo que la incompetencia ha dejado caer.