La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) lanzó una denuncia pública que exhibe el rostro más oscuro del gobierno federal: amenazas en lugar de diálogo. En pleno Paro Nacional, la organización acusó que Tonatiuh González Rosales, director de Delegados de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), llamó al líder de ANTAC, David Estévez Gamboa, para advertirle que se le fabricarían carpetas de investigación si no levantaba los bloqueos carreteros. “El único acercamiento del gobierno han sido estas amenazas. No hay mesa de diálogo, solo intentos de intimidación”, señaló la asociación en un comunicado que circula entre transportistas y campesinos.

La postura de ANTAC es clara y desafiante: “Hacemos responsable a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la libertad y seguridad de David Estévez. Si tocan a uno, nos tocan a todos. El campo y el transporte no tienen miedo. ¡México, mira cómo tratan a quienes te dan de comer!”.

Este episodio confirma lo que los líderes del movimiento han denunciado desde hace semanas: no hay diálogo real, solo mesas simuladas con cámaras empresariales que no representan al “hombre camión” ni a los operadores que arriesgan la vida en carreteras controladas por el crimen. Mientras la SEGOB presume 316 reuniones con transportistas y más de 200 con agricultores, la realidad es que las demandas siguen sin respuesta: seguridad en rutas federales, fin a la extorsión, agilización de trámites y precios justos para el campo.

La amenaza contra Estévez ocurre en un contexto crítico: cada día entre 35 y 40 transportistas son víctimas de delitos, según cifras de la propia ANTAC. Robos, secuestros y asesinatos son el pan de cada día en carreteras mexicanas, mientras el gobierno insiste en minimizar la protesta acusando “motivaciones políticas”.

El mega bloqueo nacional que paralizó más de 25 estados no es un capricho, es la respuesta desesperada ante la inacción oficial. Transportistas y campesinos exigen cero robos, cero extorsiones y cero muerte, pero la respuesta del gobierno ha sido una advertencia velada: “Bloquear carreteras es un delito y tenemos que usar los elementos que tengamos para convencerlos”, declaró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en conferencia de prensa.

La indignación crece porque el mensaje es claro: el gobierno prefiere fabricar delitos antes que garantizar seguridad. La fabricación de carpetas como herramienta de presión política revive las peores prácticas del viejo régimen y contradice el discurso de transformación. Si el gobierno cree que con amenazas limpiará las carreteras, se equivoca: solo encenderá más la indignación del pueblo.

Hoy, la ANTAC y las organizaciones campesinas advierten que no retrocederán: “No negociamos con una pistola en la cabeza”. El país entero observa cómo el gobierno que prometió justicia recurre a la coerción para silenciar a quienes sostienen la economía nacional. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegará la Cuarta Transformación para imponer su narrativa?