La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto que representa un golpe brutal contra los trabajadores y un regalo para las aseguradoras. La propuesta busca que las indemnizaciones por muerte accidental o incapacidad permanente dejen de calcularse con base en el salario mínimo y se fijen en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que reduce drásticamente el monto que recibirían las familias. Hoy, la indemnización por muerte equivale a 1,394,000 pesos (278.80 pesos por 5,000 días), pero con el criterio de Batres se reduciría a 565,700 pesos (113.14 UMA por 5,000 días). Es decir, más de 828 mil pesos menos para las familias que pierden a un ser querido.

Este cambio no es menor: abarata la vida humana y convierte la reparación del daño en una cifra simbólica que no cubre ni el impacto económico ni el moral. Mientras se presume austeridad y cercanía con el pueblo, la ministra impulsa una reforma que favorece a aseguradoras y grandes corporaciones, blindando sus intereses y reduciendo sus obligaciones millonarias. El argumento de Batres es que solo aplica la desindexación del salario mínimo ordenada en 2016, pero especialistas advierten que esta interpretación ignora la naturaleza compensatoria de la indemnización, que busca reparar la pérdida de capacidad productiva de la víctima.

De aprobarse, la Suprema Corte sentará jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país, marcando un retroceso histórico en la protección de los derechos laborales y civiles. El mensaje es devastador: en México será más caro vapear en un lugar prohibido que atropellar a alguien y dejarlo incapacitado para siempre. En un país donde la violencia y los accidentes son cotidianos, reducir las indemnizaciones no solo es injusto, es inhumano. Lenia Batres se presenta como defensora del pueblo, pero su proyecto la exhibe como lo contrario: una ministra que abarata la vida y protege a los poderosos.