El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los hechos ocurridos el 15 de noviembre en la Ciudad de México, que calificó como un acto de represión brutal contra jóvenes que ejercían su derecho constitucional a la protesta. La dirigencia nacional del PAN exigió que se investigue quién dio la orden de golpear manifestantes y quién está detrás de los grupos violentos que infiltraron la movilización.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, afirmó que el 15N “no se olvida” y acusó al gobierno de intentar inhibir la protesta social mediante violencia y exhibición ilegal de datos personales. “Queremos saber quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes, porque eso es un delito, y también quién está detrás de este bloque negro que, desde el púlpito del poder, pretenden atribuir a la oposición”, señaló. Romero advirtió que Acción Nacional no permitirá que la represión se normalice: “Hoy activamos el poco Estado de derecho que queda en este país”.

Por su parte, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, condenó la actuación del gobierno capitalino: “Este gobierno no entiende quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pacta con delincuentes y reprime a jóvenes que sólo levantan la voz para evitar que el siguiente desaparecido sea alguien de su familia. No tendrán la comodidad de nuestro silencio”.

Roberto Gil Zuarth subrayó que la denuncia busca activar la competencia federal para investigar delitos vinculados con derechos humanos y libertad de expresión. “Alguien organiza, financia y recluta a estos grupos violentos para inhibir la protesta social. Queremos que se les quite la capucha a los violentos y a sus jefes. México debe ser un país donde protestar no sea un riesgo de muerte ni una ratonera tendida por la autoridad”, afirmó.

Finalmente, Jorge Triana acusó directamente al gobierno de orquestar la violencia: “No hay bloque negro, hay bloque guinda. Tenemos indicios claros de una maniobra desde los sótanos del poder para desviar la conversación y justificar una represión brutal. Hoy hay 18 jóvenes detenidos sin pruebas, mientras los verdaderos provocadores siguen libres y protegidos”.

El PAN exigió que la FGR investigue a fondo, deslinde responsabilidades y garantice que la libertad de expresión no sea criminalizada. “El 15N no se olvida. No permitiremos que la represión se convierta en política de Estado”, concluyó Romero.