En medio de un megabloqueo nacional que paralizó carreteras y afectó a miles de mexicanos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció una conferencia que más que resolver el conflicto, lo incendió. Con un tono que raya en la intimidación, la funcionaria exigió a campesinos y transportistas suspender las movilizaciones, acusándolos de tener “motivaciones políticas” y advirtiendo que no hay razón para los bloqueos, salvo intereses contra el gobierno. “No hay motivo para afectar el derecho al libre tránsito; los convocamos a una mesa de diálogo y a evitar repercusiones en movilidad, salud, abasto y actividades laborales”, dijo, como si la protesta fuera un capricho y no el grito desesperado de quienes enfrentan inseguridad en carreteras y despojo en el campo.

Rodríguez presumió más de 200 reuniones en tres semanas y 316 encuentros con líderes transportistas desde 2018, como si la estadística borrara la realidad: 70 asaltos diarios en carreteras, extorsiones, secuestros y asesinatos que el gobierno no ha podido frenar. Mientras tanto, los productores ven cómo la Ley de Aguas avanza en el Congreso, una legislación que amenaza su acceso al recurso más vital. “La Ley no ha sido aprobada”, repitió la secretaria, intentando minimizar la indignación que recorre el país, pero la verdad es que los foros legislativos han sido desangelados y las decisiones se toman lejos de las comunidades afectadas.

Para reforzar su postura, la secretaria declaró: “En conferencia de prensa reiteramos que durante esta administración se han tenido 316 reuniones con líderes transportistas y más de 200 en las últimas tres semanas con agricultores para brindar solución a sus demandas. No hay motivo para que organizaciones afecten el derecho al libre tránsito de la población. Las convocamos a una nueva mesa de diálogo a las 13:00 horas y a evitar repercusiones en los servicios de movilidad, salud, abasto, así como actividades laborales y educativas en comunidades y entidades”. Un mensaje que suena más a advertencia que a invitación.

Lo más grave no es la falta de soluciones, sino la narrativa oficial: culpar a la oposición, señalar vínculos con PRI, PAN y PRD, y reducir la protesta a un cálculo electoral. “Si no quieren llegar a acuerdos y afectan a la población, es que hay motivación política”, sentenció Rosa Icela, en una declaración que exhibe la estrategia del gobierno: criminalizar la inconformidad en lugar de atenderla.

Mientras la secretaria lanza advertencias desde el micrófono, miles de familias sufren pérdidas millonarias por la inseguridad y el abandono. El gobierno presume mesas de trabajo, pero la realidad es que el país se juega la vida en cada kilómetro de carretera y en cada hectárea de tierra. La amenaza velada es clara: si bloquean, serán señalados, quizá perseguidos. ¿Dónde queda el derecho constitucional a la protesta? ¿Dónde la empatía con quienes sostienen la economía nacional?

El mensaje de Rosa Icela no es diálogo, es presión. Y confirma lo que muchos temen: la Cuarta Transformación prefiere culpar antes que gobernar. Hoy, los campesinos y transportistas no bloquean por política, bloquean por sobrevivir. Y frente a eso, la respuesta oficial es un discurso que suena más a advertencia que a solución.