Con el objetivo de revertir las condiciones precarias en que operan las policías municipales del Estado de México y garantizar su equipamiento, capacitación y capacidad de respuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura mexiquense, diputado Elías Rescala, presentó una iniciativa que busca asegurar recursos históricos para la seguridad local. La propuesta forma parte de la Agenda Legislativa de Seguridad impulsada por el tricolor y pretende sentar un precedente en la distribución de fondos destinados a las corporaciones más cercanas a la ciudadanía.

Actualmente, las policías municipales trabajan con grandes limitaciones presupuestales: dependen de los recursos propios de cada ayuntamiento y de los montos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Aunque se proyecta que en 2026 el Estado de México reciba 684 millones de pesos provenientes de este fondo federal, sólo se considera que el 20 por ciento se asigne directamente a los municipios; en la práctica, señaló Rescala, casi todo permanece en manos del gobierno estatal, lo que reduce las posibilidades de fortalecer a las corporaciones locales.

Ante esta situación, la bancada priista propone que por ley se establezca la obligación de destinar el 50 por ciento del FASP a los municipios, con un uso específico: el fortalecimiento de los cuerpos de policía municipal. “Tan solo para 2026, estaríamos hablando de 350 millones de pesos, un incremento de más del 200 por ciento respecto a los 113 millones que se distribuyeron a los municipios este año”, explicó el legislador, al subrayar que este cambio busca equilibrar las condiciones en las que operan las fuerzas de seguridad.

La iniciativa no se limita a la redistribución de recursos federales. El Grupo Parlamentario del PRI también impulsa la creación del Fondo Estatal para Fortalecer la Seguridad en los Municipios (FOSEM), que contaría con una bolsa inicial de 500 millones de pesos. Este monto equivaldría al 2 por ciento del presupuesto proyectado para la Secretaría de Seguridad y estaría destinado exclusivamente al mejoramiento del equipamiento, profesionalización y operatividad de los cuerpos policiales municipales.

De aprobarse ambas medidas, las policías municipales tendrían acceso a más de 850 millones de pesos en 2026, lo que, según Rescala, representa una inversión proporcional al trabajo que desempeñan en las calles de la entidad. “Son los policías municipales quienes hacen la mayor parte del trabajo: representan el 45 por ciento de la fuerza del Estado y son responsables del 79 por ciento de los arrestos”, afirmó. Ocho de cada diez detenciones, precisó, las realizan estas corporaciones, mientras que solo dos corresponden a fuerzas estatales o federales.

Para el tricolor, estos datos muestran una realidad contundente: quienes están en la primera línea del combate a la delincuencia no cuentan con los recursos que necesitan para cumplir adecuadamente su labor. Por ello, la propuesta legislativa busca no sólo dignificar su trabajo, sino también mejorar la seguridad en los municipios, dotando de herramientas y capacitación a quienes atienden de manera directa a la ciudadanía y conocen a detalle el territorio que resguardan.

“En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que, si las policías municipales realizan la mayor parte del trabajo, es justo que reciban una mayor parte del presupuesto, porque son ellas las que atienden a las y los mexiquenses de manera inmediata y las que mejor conocen el entorno”, enfatizó Rescala. Asimismo, aseguró que fortalecer a estas corporaciones es una responsabilidad compartida por las diputadas y diputados priistas, cuya obligación —dijo— es ofrecer mayores herramientas para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.

La iniciativa avanzará a comisiones en los próximos días, donde se prevé un análisis detallado, pues su aprobación implicaría una reconfiguración del sistema de financiamiento de la seguridad pública municipal. No obstante, desde ahora se coloca en el centro del debate legislativo la urgencia de atender a quienes, pese a las limitaciones, sostienen gran parte del trabajo policial en el Estado de México.