“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”, escribió en redes sociales Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que el despliegue militar en la región tiene como objetivo “detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas”, aunque hasta el momento el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que sustenten dichas afirmaciones.

La postura de Washington se mantiene firme pese a las reiteradas condenas de países del Caribe y América Latina, que han calificado estas acciones como una amenaza directa a la soberanía regional. El Gobierno venezolano denunció que el operativo constituye una violación flagrante del derecho internacional y advirtió sobre las consecuencias de una escalada militar en aguas estratégicas.

El mensaje es claro: Estados Unidos no retrocederá en su ofensiva y está dispuesto a imponer su fuerza en la región bajo el argumento de seguridad hemisférica, aun frente a las críticas y tensiones diplomáticas que esta política genera.