En sesión deliberante, el diputado Pablo Fernández de Cevallos González y la legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez, coordinador e integrante del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), respectivamente, presentaron una iniciativa para modificar la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, con el objetivo de crear el Sistema Estatal de Justicia Cívica.

La propuesta busca actualizar el marco normativo y fortalecer el modelo restaurativo en la atención de faltas administrativas, evitando la criminalización innecesaria de conflictos vecinales y despresurizando el sistema penal. El sistema estaría encargado de coordinar y supervisar los juzgados cívicos municipales, emitir lineamientos uniformes, homologar procedimientos, capacitar y certificar al personal, evaluar resultados y administrar el Registro Estatal de Faltas Administrativas.

Este registro tendrá fines estadísticos y de seguimiento, incluyendo información sobre infracciones, reincidencias, sanciones y medidas restaurativas aplicadas, garantizando la protección de datos personales. Las sanciones priorizarán medidas restaurativas como amonestaciones, trabajo comunitario, talleres psicoeducativos y reparación simbólica, reservando multas y arrestos para casos graves o reincidencia.

La iniciativa establece que cada municipio cuente con al menos un juzgado cívico con autonomía técnica y operativa, conforme a los lineamientos del sistema estatal. Además, el Sistema Estatal de Justicia Cívica será coordinado por la Secretaría General de Gobierno e integrado por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, el DIF estatal, la Comisión de Derechos Humanos y tres municipios designados anualmente. Entre sus funciones destacan la propuesta de políticas públicas de convivencia ciudadana, la coordinación intermunicipal y la emisión de indicadores de evaluación y profesionalización.

“Desde Acción Nacional creemos en una justicia que llegue antes, no después; que eduque y no sólo sancione; que una y no que divida”, afirmó la diputada Rocío Dávila al presentar la iniciativa, subrayando que el objetivo es garantizar soluciones integrales y basadas en derechos humanos.