La diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer sanciones más estrictas contra quienes, ejerciendo la patria potestad, abandonen a sus menores hijos o personas interdictas, abusen de ellos o pongan en riesgo su patrimonio y salud física o psicológica.

La propuesta adiciona el artículo 336 Ter y contempla penas de uno a cinco años de prisión, multas de 250 a 450 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la privación de los derechos de familia y el pago de la reparación del daño en caso de afectación patrimonial. El castigo aplicará a quienes, de manera dolosa o sin justificación, incumplan obligaciones derivadas de la patria potestad, guarda y custodia, incluyendo el uso indebido de pensiones alimenticias ordenadas por autoridad judicial.

En la exposición de motivos, García subrayó que la patria potestad implica derechos y deberes orientados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como de personas en situación de vulnerabilidad. Señaló que persisten vacíos legales que permiten conductas que atentan contra la integridad física, psicológica y patrimonial de los menores, pese a que la Constitución y tratados internacionales prohíben toda forma de abandono, crueldad y explotación.

La legisladora recordó que el artículo primero constitucional prohíbe la discriminación y el artículo cuarto garantiza el derecho a la protección familiar, mientras que la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959 establece que la infancia debe gozar de cuidados especiales y protección contra cualquier forma de abuso. “Es urgente cerrar las brechas normativas para asegurar que los responsables cumplan con sus obligaciones y que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación”, enfatizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, y busca reforzar el marco legal para garantizar el bienestar y desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes, así como de personas interdictas y otros grupos vulnerables.