La Fiscalía General de Colombia imputó este lunes cargos formales contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por su presunta participación en el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El ente investigador acusó a los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro de los delitos de concierto para delinquir, cohecho y celebración irregular de contratos. Según la tesis de la Fiscalía, ambos habrían liderado una estrategia para direccionar recursos públicos hacia congresistas a cambio de asegurar votos favorables para las reformas legislativas del Ejecutivo.

El «pacto criminal» y la compra de apoyos

Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño sostuvo que los exministros «lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval en los actos legislativos en los que el gobierno nacional tuviera interés».

La investigación apunta a que el mecanismo de corrupción involucró:

  • 79 proyectos de la UNGRD y obras de infraestructura vial.
  • Un monto comprometido superior a los 163 millones de dólares.
  • Solo siete de estos proyectos fueron ejecutados, según el peritaje oficial.

La Fiscalía detalló que una asesora de Bonilla se encargaba de la gestión técnica de los contratos, mientras que Velasco, desde la cartera del Interior, coordinaba las instrucciones para que los legisladores votaran a favor de la agenda gubernamental.

El caso UNGRD

Esta imputación es el capítulo más reciente del escándalo que estalló en 2024, cuando investigaciones periodísticas revelaron sobrecostos en la adquisición de camiones cisterna destinados a llevar agua al departamento desértico de La Guajira.

El caso escaló tras las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes declararon ante la justicia y señalaron a altos funcionarios. López y Pinilla afirmaron que «las personas asociadas criminalmente decidieron hablar», lo que permitió a la Fiscalía construir el caso contra los exministros.

Ambos imputados se declararon inocentes durante la diligencia. «Nunca he tenido un peso de actividad ilícita», declaró Ricardo Bonilla, de 76 años.

Bonilla salió del gobierno en diciembre de 2024, luego de que el presidente Petro solicitara su renuncia al filtrarse información sobre su conocimiento en el desvío de aproximadamente 200 mil dólares. Por su parte, Velasco abandonó el gabinete en junio del mismo año.

Este proceso judicial se desarrolla en un momento crítico para Colombia, que se encuentra en plena precampaña para las elecciones presidenciales de 2026. Aunque algunas encuestas mantienen a la izquierda como contendiente fuerte, la implicación de altos perfiles del gobierno en delitos de corrupción —incluyendo la detención previa de los legisladores Iván Name y Andrés Calle por orden de la Corte Suprema— pone a prueba la narrativa anticorrupción con la que Gustavo Petro llegó al poder.

De ser hallados culpables, Bonilla y Velasco podrían enfrentar penas de entre 17 y 45 años de prisión.

Fuente: AFP