Como parte de la agenda de seguridad del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Mariano Camacho presentó una iniciativa que busca transformar de fondo el funcionamiento del sistema penitenciario en el Estado de México a través de la profesionalización obligatoria de las y los custodios penitenciarios. La propuesta no solo apunta a reforzar el orden y la gobernabilidad dentro de los centros de reinserción social, sino también a sentar bases reales para una reinserción social efectiva, sustentada en la capacitación, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

La iniciativa plantea elevar de manera significativa los requisitos de ingreso y permanencia para el personal de custodia, estableciendo como obligatorio contar con estudios de nivel licenciatura. De aprobarse, este requisito representaría un cambio estructural en la conformación del cuerpo de seguridad penitenciaria, considerando que, actualmente, el 70 por ciento de las y los custodios no cuentan con este grado académico. De esa cifra, el 40 por ciento tiene solamente educación media superior, mientras que el 30 por ciento posee únicamente estudios de secundaria.

Este diagnóstico es, de acuerdo con Camacho, una de las principales razones que hacen urgente la profesionalización del personal penitenciario. “Son la primera línea en el funcionamiento de los centros penitenciarios”, subrayó el legislador, al enfatizar que la seguridad al interior de las cárceles repercute de manera directa en la seguridad exterior. En este sentido, la preparación académica y técnica del personal encargado de la vigilancia, custodia y supervisión de las personas privadas de su libertad resulta fundamental para garantizar una correcta aplicación de la ley y evitar prácticas que fomenten la corrupción y la impunidad.

“La iniciativa reconoce que la profesionalización es la herramienta más poderosa para combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad de los centros de reinserción social y garantizar un trato humano, seguro y ordenado para la población interna”, expresó Mariano Camacho al explicar los alcances de su propuesta. Estas palabras reflejan la intención de dejar atrás un modelo en el que la falta de capacitación y especialización ha propiciado escenarios de violencia, autogobiernos, tráfico de influencias y violaciones a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

Además del requisito académico, la iniciativa prevé un esquema de actualización permanente. Cada cinco años, las y los custodios deberán someterse a procesos de certificación especializada, los cuales estarían a cargo de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Esta medida busca garantizar que el personal se mantenga actualizado en protocolos de seguridad, manejo de crisis, resolución pacífica de conflictos, derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y normatividad vigente en materia penitenciaria.

El objetivo, explicó el legislador, es contar con personal profesional, capacitado y éticamente comprometido, capaz de desempeñar su función con responsabilidad y dentro de un marco de respeto a la dignidad humana. “Modernizar nuestro sistema penitenciario es una obligación moral y estratégica, es momento de implementar acciones que conduzcan a un Estado de México más seguro en todos sus contextos”, añadió Camacho al reiterar que la transformación del sistema penitenciario no puede seguir postergándose.

La propuesta también reconoce que la reinserción social no se limita únicamente a programas dirigidos a las personas privadas de la libertad, sino que depende en buena medida de quienes operan el sistema día a día. Un custodio preparado, con formación profesional y conciencia de su responsabilidad social, puede convertirse en un agente clave para impulsar procesos de rehabilitación, respeto a la legalidad y construcción de ambientes más humanos al interior de los penales.

En un contexto donde la seguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía, la iniciativa presentada por el diputado Mariano Camacho plantea una solución estructural, enfocada en la raíz del problema: dignificar, profesionalizar y especializar a quienes tienen en sus manos una de las tareas más complejas y delicadas del sistema de justicia. Con esta propuesta, el PRI coloca en el centro del debate la necesidad de un sistema penitenciario más fuerte, más justo y más humano, que contribuya de manera real a la paz social y al fortalecimiento del Estado de Derecho en el Estado de México.