El gobierno de Morena ha dado un golpe frontal al campo mexicano con una Ley General de Aguas diseñada para someter a productores y ejidatarios mediante el control absoluto del recurso más vital. Esta norma, elaborada sin consulta real a pueblos indígenas ni a quienes sostienen la producción agrícola, es una traición al país y una amenaza directa al patrimonio de miles de familias.

Las senadoras Paloma Sánchez Ramos y Mely Romero Celis, del PRI, denunciaron que la crisis del campo es resultado del abandono oficial: México perdió 12 millones de toneladas de producción y hoy importa más del 50% del maíz que consume. Mientras los márgenes de ganancia se desploman 40%, Morena impulsa una ley que centraliza la administración del agua, convierte concesiones en permisos temporales y abre la puerta a reasignaciones discrecionales con criterios políticos, no técnicos. “Quieren un campo rendido, callado y sumiso. Lo que no lograron con falta de apoyo ahora intentan imponerlo con miedo”, advirtió Sánchez.

Romero subrayó que la norma no garantiza el derecho humano al agua: carece de presupuesto para redes, bombeo y plantas de tratamiento, mientras la Conagua opera con 52% menos recursos y arrastra 144 mil trámites rezagados. “Pretenden imponer cargas legales a un organismo incapaz de cumplir”, señaló. Además, la eliminación del artículo que permitía transferir derechos convierte prácticas comunes en delitos: cambiar de cultivo, dar agua al ganado, captar lluvia o compartirla en emergencia. “Sin agua la tierra no vale. Esta ley condena a miles de familias a perder su patrimonio”, enfatizó.

Las legisladoras recordaron que Morena desapareció Financiera Rural, retiró apoyos para comercialización y engañó a los productores con foros simulados. “A los que protestan los llaman privilegiados, mientras desmantelan los programas que los sostenían”, acusaron.

El PRI advirtió que el agua no es propiedad del gobierno y que esta ley no busca justicia hídrica, sino control político. “Quieren usar el agua como moneda de cambio, como herramienta de sometimiento”, sentenciaron. El Grupo Parlamentario reiteró su rechazo total al dictamen y exigió escuchar a los productores, incorporar las modificaciones necesarias y garantizar que el agua siga siendo motor de desarrollo, no instrumento de chantaje.