Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en el Estado de México y dotar de mayor certeza jurídica a los mecanismos de coordinación interinstitucional, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para otorgar soporte legal, reglas claras de integración y funcionamiento, así como un carácter plural a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

La propuesta fue presentada por el diputado Eduardo Zarzosa, como parte de la Agenda de Seguridad del grupo parlamentario, y plantea por primera vez la inclusión formal de los partidos políticos en este espacio de diseño y evaluación de las estrategias de seguridad, al menos una vez por semana, en su carácter de representantes de la ciudadanía mexiquense.

“Hoy presentamos una iniciativa seria, responsable y con visión de futuro. ¿Qué proponemos? Que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz tenga soporte legal, tenga reglas claras de integración y funcionamiento, que funcione de manera coordinada; que integre por primera vez en la historia a los partidos políticos, al menos una vez por semana, como representantes de la ciudadanía y cuente con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó Zarzosa desde tribuna.

El legislador explicó que, aunque las Mesas de Coordinación comenzaron a operar en 2018 con la finalidad de articular esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, su funcionamiento carece hasta la fecha de un respaldo jurídico formal, ya que ni sus atribuciones ni su estructura están contempladas en la Ley de Seguridad del Estado de México. Esta situación, advirtió, limita la legalidad y la certeza de los acuerdos que de ellas emanan, dejando un vacío normativo que debe ser atendido de manera urgente.

De acuerdo con Zarzosa, si bien en estas mesas se ha dado cabida a diversos actores de los ámbitos federal, estatal y municipal, se ha excluido de manera sistemática a los partidos políticos, a pesar de que estos representan a una parte significativa de la población y forman parte de la vida democrática del estado. Esta ausencia, señaló, ha debilitado la legitimidad y la pluralidad de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.

“La seguridad no es ni debe ser una función exclusiva de los gobiernos en turno. Es una política de Estado que exige responsabilidad compartida, consensos amplios y participación plural. Cuando trabajamos juntos ganan las familias mexiquenses; si estamos aislados, el crimen avanza. Por eso esta reforma pone orden, da certeza y le dice a la gente: aquí estamos y estamos juntos, aquí hay Estado, hay coordinación, porque solo trabajando de la mano lograremos recuperar la seguridad para que las y los mexiquenses puedan vivir en paz”, subrayó el diputado priista.

La iniciativa busca establecer, además, mecanismos específicos de transparencia y rendición de cuentas, de manera que las decisiones que se tomen en el marco de la Mesa de Coordinación puedan ser conocidas, evaluadas y acompañadas por la sociedad. Esto, de acuerdo con el PRI, contribuirá a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones, una de las principales demandas en un contexto marcado por la preocupación social frente a la inseguridad.

Para el grupo parlamentario, dotar de un marco jurídico a estas Mesas permitirá fortalecer la coordinación real entre autoridades, ordenar su funcionamiento, evitar la discrecionalidad y garantizar que las políticas públicas en materia de seguridad respondan a un enfoque integral, democrático y de largo plazo, más allá de los intereses coyunturales o partidistas.

Con esta iniciativa, el PRI afirma buscar un equilibrio institucional basado en la corresponsabilidad, en donde los distintos actores políticos y de gobierno asuman un compromiso conjunto con la paz, la legalidad y el bienestar de las familias mexiquenses. El mensaje, aseguran, es claro: solo mediante la unidad, la participación plural y la transparencia será posible avanzar hacia un entorno más seguro, con instituciones sólidas y una ciudadanía que pueda vivir con mayor tranquilidad.