Los senadores Francisco Ramírez Acuña y Miguel Márquez Márquez respondieron a señalamientos sobre presunto acaparamiento de agua y fijaron postura frente a la reforma hídrica que se discute en el Senado. Ambos rechazaron irregularidades y afirmaron que sus concesiones están en regla, otorgadas conforme a la ley y destinadas exclusivamente al riego agrícola.

Ramírez Acuña explicó que su concesión, de 25 mil metros cúbicos, corresponde a una superficie de 27 hectáreas para producción de limón en Tototlán, Jalisco, con una cosecha anual aproximada de 300 toneladas. “Todo está en orden, los trámites se hicieron cuando no era funcionario público. Si hay alguna irregularidad, que me la cancelen”, afirmó, subrayando que no existe acaparamiento ni uso indebido.

Por su parte, Márquez Márquez defendió dos concesiones heredadas, una con más de 50 años y otra con 15, destinadas a 45 hectáreas en Guanajuato y Jalisco para producción de granos y ganado. “Nada que esconder, todo está conforme a la normatividad. Si quieren revisar, que revisen. El que nada debe, nada teme”, señaló, rechazando las acusaciones de privilegios.

Ambos legisladores coincidieron en que la reforma plantea riesgos por el mecanismo de reasignación, que permitiría reducir volúmenes previamente autorizados. Márquez advirtió que esto podría castigar la eficiencia en el uso del agua: “Si tecnificas tu campo y ahorras, te quitan lo que no usaste. En lugar de premiar la eficiencia, la castigan”. Ramírez agregó que la medida afectaría la certeza jurídica de los productores y pondría en riesgo la productividad del sector primario, clave para la alimentación y las exportaciones.

Los senadores llamaron a no politizar el tema del agua y a garantizar derechos adquiridos por décadas. Márquez insistió en que la gente del campo confía en la palabra empeñada por el oficialismo, pero advirtió: “Si no se respeta, la gente no lo perdonará”. Ambos alertaron que el campo enfrenta retos graves como sequías, plagas, extorsión y falta de financiamiento, por lo que la prioridad debe ser invertir en tecnificación y ahorro de agua, no generar incertidumbre.

Finalmente, rechazaron temores ante posibles represalias políticas. “Donde termina el miedo comienza la libertad”, dijo Márquez, reiterando que el uso del agua debe ser transparente y conforme a la ley. “No criminalicemos ni polaricemos el tema del agua. El campo necesita producir, no más obstáculos”, concluyeron.