CIUDAD DE PUEBLA, Pue.– En un mensaje de alto contenido político y con fuertes señalamientos hacia administraciones pasadas, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que su gobierno trabaja todos los días para desarticular las prácticas de corrupción y abuso de poder que, dijo, se consolidaron durante los gobiernos neoliberales y que derivaron en un saqueo sistemático de los recursos públicos del estado.

“Mientras unos gobiernos saqueaban a Puebla, nosotros disolvemos esa corrupción, ese abuso de poder”, sentenció el mandatario estatal, al subrayar que su administración ha asumido como prioridad la recuperación del orden institucional frente a los excesos generados por un modelo privatizador que, aseguró, favoreció intereses particulares en detrimento del bienestar colectivo.

Armenta dejó en claro que la política de orden que impulsa su gobierno no implica persecuciones ni atropellos a los derechos ciudadanos. “El Gobierno del Estado no persigue, pero tampoco es omiso. Poner orden no significa atropellar derechos”, puntualizó, al insistir en que se actuará con apego a la legalidad para corregir irregularidades heredadas.

En ese contexto, el gobernador lanzó una crítica directa a los dirigentes de los partidos de oposición, a quienes acusó de actuar con un “cinismo descarado” al descalificar las acciones de la actual administración. Recordó que, durante los periodos en los que estuvieron al frente del gobierno, se normalizaron prácticas de permisividad que facilitaron el crecimiento del robo y la distribución ilícita de combustible, además de convertir al estado en un “botín” al servicio de redes de corrupción.

Uno de los temas que concentró mayor atención fue la deuda pública asociada al Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis. Armenta calificó como inmoral el adeudo de 4 mil 300 millones de pesos que se extiende hasta el año 2037, derivado de la construcción de este complejo administrativo. De acuerdo con el mandatario, esos recursos podrían destinarse a áreas prioritarias como obra pública, seguridad y educación, con un impacto directo en la calidad de vida de las y los poblanos.

Ante esta situación, informó que su gobierno mantiene negociaciones con los empresarios involucrados para alcanzar un acuerdo que permita resolver el compromiso financiero en condiciones más justas para el estado. Sin embargo, fue enfático al señalar que la deuda del CIS debe finiquitarse y que, de no lograrse una solución favorable, su administración está dispuesta a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender el interés público.

El gobernador insistió en que las decisiones tomadas responden a una visión de responsabilidad histórica. “Es deber del gobierno regresar al orden que se perdió durante los gobiernos neoliberales”, afirmó, al recordar que durante años se impuso la lógica de “dejar hacer, dejar pasar”, lo que abrió la puerta al saqueo del Estado y a la consolidación de cadenas de corrupción que hoy siguen teniendo efectos negativos.

Finalmente, Armenta vinculó este proceso de recuperación del orden con la estrategia de combate a la inseguridad que vive Puebla. Aseguró que la violencia generada por grupos delictivos no puede entenderse sin las redes de corrupción que, en algunos casos, contaron con complicidades a nivel municipal. Por ello, sostuvo que la lucha contra el crimen organizado va de la mano con el desmantelamiento de estructuras corruptas que durante años operaron bajo el amparo del poder.

Con este posicionamiento, el gobernador Alejandro Armenta reafirmó el discurso de su administración: enfrentar las herencias del pasado, corregir los desequilibrios financieros y reconstruir la confianza ciudadana a partir de un ejercicio del poder que, según sus palabras, privilegie el interés público por encima de cualquier negocio privado.