La autorización de Trinidad y Tobago para que aviones militares estadounidenses utilicen los aeropuertos internacionales de Piarco y ANR Robinson en las próximas semanas marca un nuevo capítulo en la creciente militarización del Caribe. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores trinitense, los vuelos tendrán carácter “estrictamente logístico”, destinados al reabastecimiento y rotación de personal, en el marco de la cooperación bilateral en seguridad regional.

Esta decisión se produce en medio de la Operación Lanza del Sur, el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe desde la Guerra del Golfo. Washington ha movilizado más de 15,000 efectivos, dos portaaviones —el USS Gerald R. Ford y el USS Iwo Jima—, 12 buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35, helicópteros y drones, bajo el argumento de frenar el narcotráfico. Sin embargo, analistas internacionales advierten que la estrategia busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y consolidar la influencia estadounidense en la región.

Además de Trinidad y Tobago, otros países y territorios caribeños han abierto sus infraestructuras para operaciones logísticas y de vigilancia. República Dominicana autorizó el uso de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Las Américas para aeronaves estadounidenses, mientras que Aruba, Curazao y Bonaire, territorios neerlandeses a solo 80 kilómetros de Venezuela, albergan bases avanzadas para monitoreo aéreo y marítimo. Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses funcionan como plataformas clave para operaciones navales y aéreas, incluyendo la reactivación de la histórica base de Roosevelt Roads.

El despliegue ha generado tensiones diplomáticas. Caracas acusa a Washington de preparar un “cerco militar” para forzar un cambio de régimen y denuncia la participación de gobiernos caribeños en una “agenda hostil”. Venezuela suspendió acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago tras confirmarse la instalación de un radar AN/TPS-80 G/ATOR en Tobago, capaz de detectar misiles y aeronaves avanzadas, lo que eleva el nivel estratégico del operativo.

Expertos advierten que la militarización del Caribe no solo incrementa el riesgo de confrontación, sino que también plantea interrogantes sobre la legalidad de las operaciones. Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado más de 20 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de al menos 87 muertos, sin presentar pruebas concluyentes sobre los objetivos, lo que ha desatado críticas por posibles violaciones al derecho internacional.

En este contexto, la pregunta inicial cobra relevancia: ¿Quiénes sostienen la logística de Washington en el Caribe? La respuesta incluye a Trinidad y Tobago, República Dominicana, Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con apoyos puntuales de Guyana y Panamá. Todos ellos, con distintos niveles de cooperación, se han convertido en piezas clave de una estrategia que, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, redefine el equilibrio geopolítico en la región.