El PRI en el Senado lanzó una iniciativa que, más allá de lo académico, pone el dedo en la llaga sobre un negocio que ha proliferado en la sombra: la venta de prestigio disfrazada de reconocimiento. La propuesta busca frenar a universidades privadas que convierten los doctorados honoris causa en mercancía, otorgándolos a cambio de dinero o favores, una práctica que erosiona la credibilidad del sistema educativo y normaliza el fraude académico.

Los legisladores priistas advierten que este título, concebido para honrar trayectorias excepcionales, se ha degradado en algunos círculos a trámite exprés sin verificación. La iniciativa plantea reformas a la Ley General de Educación y a la Ley General de Educación Superior para blindar el otorgamiento de grados honoríficos, limitándolo a instituciones con reconocimiento oficial y bajo criterios normativos, sin beneficio económico para ninguna de las partes.

El mensaje es claro: se busca evitar que el prestigio académico se convierta en moneda de cambio. El PRI cita ejemplos como la UNAM y La Salle, donde los procesos son rigurosos y transparentes, contrastando con prácticas opacas que han permitido que personajes sin méritos reales ostenten títulos que deberían ser símbolo de excelencia.

Esta propuesta no solo es una reforma legal; es un llamado a rescatar la ética en la educación superior. Porque cuando los reconocimientos se compran, se erosiona la confianza pública y se envía un mensaje perverso: que el mérito puede negociarse. En un país donde la corrupción ha contaminado múltiples ámbitos, blindar la integridad académica es más que un gesto simbólico: es una urgencia.