La organización internacional Artículo 19 lanzó una alerta contundente contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, al acusarla de utilizar el sistema penal como mecanismo de represalia contra el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-Consulta. El comunicador fue imputado el pasado 17 de diciembre por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un proceso que la agrupación califica como “un uso abusivo del derecho” y que, según sus señalamientos, busca silenciar la labor periodística crítica en la entidad.

La investigación contra Ruiz no es reciente: se originó hace cinco años y fue reactivada por la Unidad Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), perteneciente a la misma fiscalía que el periodista exhibió en sus reportajes por presuntas extorsiones a empresarios. Dichas publicaciones derivaron en la destitución de dos fiscales y en investigaciones ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios poblanos. “Resulta llamativo que la fiscalía expuesta por Ruiz sea ahora la que entrega a un juez una carpeta que tardó cinco años en integrar”, denunció Artículo 19, subrayando el carácter de represalia en este caso.

Durante la audiencia, el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos formalizó la imputación y dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de firmar mensualmente. Artículo 19 documentó violaciones al debido proceso, como omisiones en el descubrimiento probatorio y falta de garantías procesales, lo que vulnera derechos consagrados en la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La organización también alertó sobre el bloqueo a medios durante el procedimiento, lo que agrava el impacto en la libertad de expresión.

Este caso se inscribe en un patrón preocupante: el uso del derecho penal para intimidar periodistas críticos. Ruiz ha denunciado que la imputación busca “cerrar e-Consulta porque les somos incómodos”, señalando que la fiscalía pretende desaparecer el medio y callar voces que han documentado corrupción en los gobiernos de Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier. Organizaciones civiles advierten que este tipo de acciones generan autocensura y deterioran la democracia, al convertir la justicia en herramienta de persecución política.

Las consecuencias trascienden el ámbito judicial: el caso ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de la prensa en México, donde persiste la práctica del “acoso judicial” como forma de control. Artículo 19 exige que se garantice el debido proceso y se frene el uso arbitrario del sistema penal, mientras periodistas y sociedad civil llaman a la intervención de autoridades federales para evitar que este precedente erosione aún más la libertad de expresión.