El Congreso de Hidalgo decidió posponer para el próximo periodo ordinario de sesiones el análisis de la polémica iniciativa conocida como “Ley Esposa”, que proponía que en la elección de 2028 los partidos políticos postularan exclusivamente mujeres para la gubernatura, además de ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años. La decisión se tomó tras un llamado del gobernador Julio Menchaca Salazar, quien pidió una revisión exhaustiva de la constitucionalidad de la reforma para evitar controversias que pudieran llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La propuesta, impulsada por diputadas de Morena, había avanzado en comisiones con 12 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, pero fue retirada del orden del día en medio de crecientes críticas. El gobernador advirtió: “Se trata de evitar que una decisión que tome el Congreso no esté luego litigándose en los tribunales, alargando plazos y generando expectativas. Que se revise de tal manera que no exista lugar a impugnaciones”, declaró Menchaca, en un mensaje que evidenció la fragilidad jurídica de la iniciativa.

La llamada “Ley Esposa” no es un tema menor. A nivel nacional, la alternancia obligatoria de género en gubernaturas ha sido cuestionada por especialistas y actores políticos, quienes advierten riesgos de inconstitucionalidad y prácticas de nepotismo. El término surgió en otros estados como San Luis Potosí y Nuevo León, donde se señaló que estas reformas podrían facilitar la concentración del poder en círculos familiares, bajo el argumento de garantizar paridad. En Hidalgo, la iniciativa fue presentada por la diputada Hilda Miranda Miranda, quien defendió la medida como un mecanismo para subsanar la desigualdad histórica en el acceso de las mujeres a cargos de alto nivel. Su correligionaria Diana Rangel Zúñiga propuso además ampliar el periodo a cinco años, con el argumento de empatar los comicios estatales y federales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también intervino en el debate, señalando que la paridad ya está garantizada por ley y que imponer la exclusión total de un género podría vulnerar principios constitucionales. Legisladores del PVEM calificaron la iniciativa como una “incongruencia legislativa” y advirtieron que se trataba de un cálculo político de última hora. Incluso diputadas que se abstuvieron cuestionaron la premura con la que se intentó aprobar la reforma “al vapor”, sin un análisis profundo sobre sus implicaciones legales y sociales.

Por ahora, la discusión se pospone, pero deja al descubierto un debate nacional sobre cómo garantizar la igualdad sustantiva sin vulnerar derechos ni abrir la puerta a prácticas cuestionables. La pregunta de fondo sigue vigente: ¿es legítimo imponer por ley la exclusión de un género para corregir desigualdades históricas, o se trata de una medida que erosiona principios democráticos?