Puebla, Pue.— Este 23 de diciembre de 2025, el excandidato a la gubernatura por el PRI en 2010, Javier López Zavala, fue declarado culpable por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, crimen que sacudió a Puebla y se convirtió en un símbolo nacional contra la violencia de género. El fallo también alcanzó a los autores materiales del asesinato: Jair N., sobrino del político, y Silvestre N., quienes ejecutaron el ataque armado el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula.

Tras más de tres años de proceso y ocho meses de juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla acreditó que López Zavala fue el autor intelectual del crimen, ordenando el asesinato como represalia por las demandas de pensión alimenticia y violencia familiar que Cecilia había interpuesto en su contra. La Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo llamadas entre los implicados y testimonios que confirmaron la planeación del ataque.

La sentencia condenatoria marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad: la familia de Cecilia, encabezada por su hermana Helena Monzón, exige la pena máxima de 60 años de prisión para López Zavala y sus cómplices, conforme al Código Penal de Puebla. Aunque la individualización de la pena se definirá en una próxima audiencia, todo apunta a que la condena será ejemplar, dado el contexto agravante del feminicidio y la presión social ejercida por colectivos feministas y organizaciones civiles.

Este fallo se suma al antecedente de violencia familiar por el que López Zavala ya había sido condenado en mayo pasado a seis años de prisión, aunque esa sentencia fue revocada en noviembre por un tribunal de alzada, lo que generó críticas por revictimización y falta de perspectiva de género. Ahora, la condena por feminicidio coloca al político en el centro de uno de los casos más emblemáticos de justicia para las mujeres en México.

El feminicidio de Cecilia Monzón no solo evidenció la brutalidad de la violencia machista, sino también las fallas institucionales que dejaron sin protección a una mujer que denunció y litigó por sus derechos. Activista incansable, abogada penalista y defensora de mujeres vulnerables, Cecilia se convirtió en la primera mujer en México en lograr una sanción por violencia política de género en 2018. Su asesinato desató protestas en Puebla y en todo el país, así como pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales, incluyendo la ONU-DH.

Hoy, la justicia mexicana enfrenta la responsabilidad de imponer una condena que no solo castigue a los culpables, sino que envíe un mensaje claro: la violencia contra las mujeres no quedará impune. La sociedad espera que este caso se convierta en un precedente histórico para garantizar verdad, justicia y reparación.