Ciudad de México.— El senador Mario Vázquez anunció que ya están disponibles los formatos gratuitos para promover amparos contra la nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de que productores, comunidades indígenas y ciudadanía en general puedan defender sus derechos y el patrimonio familiar frente a lo que calificó como una legislación regresiva y violatoria de garantías constitucionales.

Los formatos pueden descargarse en la página mariovazquez.mx e incluyen dos figuras: el amparo contra la Ley de Aguas Nacionales y el amparo por falta de consulta a comunidades indígenas, derivado de la omisión de consulta previa, particularmente en la Sierra Tarahumara, donde habitantes han manifestado preocupación por afectaciones a sus sistemas tradicionales de uso del agua.

El legislador explicó que el amparo contra la Ley de Aguas Nacionales puede ser promovido por personas físicas y morales, titulares de concesiones, asignaciones o derechos de agua, productores agrícolas, ganaderos, propietarios de tierras vinculadas a concesiones y quienes acrediten interés legítimo por afectación directa a su patrimonio. Ambos amparos impugnan el decreto publicado el 11 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se expide la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Vázquez advirtió que los principales problemas de la nueva ley son la prohibición de la transmisión directa de concesiones y asignaciones, la sustitución de este esquema por uno de reasignación controlado por la autoridad del agua y la obligación de emitir nuevos títulos de concesión, pese a la existencia de derechos previamente adquiridos. “Esto violenta el Artículo 14 constitucional, que establece el principio de no retroactividad de la ley, poniendo en riesgo la seguridad jurídica”, señaló.

Los amparos pueden presentarse de forma presencial o en línea hasta el 20 de enero de 2026, y para cualquier duda se habilitó el correo amparovsleydeaguas@gmail.com. El senador llamó a la ciudadanía a actuar de manera inmediata para evitar que esta reforma afecte la propiedad, la producción agrícola y los sistemas comunitarios de agua, advirtiendo que la nueva legislación concentra facultades en el gobierno y abre la puerta a discrecionalidad en la reasignación de recursos hídricos.