Ciudad de México.— El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aclaró que el Ejecutivo federal carece de facultades para revertir el impuesto a los videojuegos aprobado en octubre pasado como parte de la Ley de Ingresos. El legislador advirtió que cualquier intento de inaplicar la contribución vigente generaría un problema jurídico, por lo que será el Congreso quien realice la modificación correspondiente.

La declaración surge tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó en su conferencia matutina que decidió retirar el impuesto, argumentando inviabilidad técnica para su aplicación, debido a la dificultad de clasificar objetivamente los videojuegos sujetos al gravamen. “Este anuncio genera un problema jurídico, ya que el Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”, puntualizó Monreal.

El impuesto, que grava con una tasa del 8% a los videojuegos con contenido violento, no es una simple estimación en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal creada en ley formal. Monreal subrayó que la falta de un sistema estatal de clasificación no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la Ley del IEPS, donde se encuentra expresamente regulado, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

“En consecuencia: el hecho imponible está definido en ley fiscal sustantiva, la tasa del ocho por ciento está determinada y el impuesto forma parte del sistema tributario vigente”, aseveró el legislador. No obstante, reconoció que coincide con la reflexión de la presidenta sobre la inviabilidad técnica, por lo que el Congreso recibirá la iniciativa para derogar el gravamen y votará en consecuencia.

El debate sobre este impuesto ha generado polémica desde su aprobación, al considerar que criminaliza el consumo de videojuegos violentos sin un criterio claro y afecta a la industria del entretenimiento digital, que representa miles de empleos y una derrama económica significativa. La falta de un sistema de clasificación nacional y la complejidad para definir qué títulos son “violentos” han sido los principales argumentos para cuestionar la medida.

Monreal concluyó que la solución será legislativa: “Coincidimos con su reflexión. El Congreso modificará la ley y, al recibir la iniciativa, votaremos sobre la probable derogación”. Con ello, se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la política fiscal aplicada a la industria tecnológica y de entretenimiento en México.