Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

Ni bien terminamos de celebrar el año nuevo, cuando la madrugada del sábado nos recordó, con la sutileza de un misil de precisión, que la política y el poder no son más que un tablero donde los líderes pueden ser piezas prescindibles y las normas internacionales, un accesorio decorativo. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en una operación quirúrgica que terminó con su traslado a Nueva York, es un acto que nos obliga a mirar varios espejos incómodos, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.

Empecemos por lo evidente: Maduro, más allá de las gesticulaciones ideológicas, parece haber transformado a Venezuela en un Estado donde el crimen organizado no solo coexistía, sino que dirigía. La acusación formal del Departamento de Justicia de EE.UU., que lo señala al frente del llamado «Cártel de los Soles», describe un país convertido en plataforma logística para el narcotráfico internacional, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como garante del negocio. No se trata solo de corrupción política; es un Estado presuntamente entregado al crimen, donde la violencia y la represión se articularon para proteger rutas de droga y consolidar poder.

Pero si Maduro es un espejo de lo que sucede cuando un liderazgo se corrompe hasta sus entrañas, la intervención estadounidense es otro, igualmente incómodo, sobre cómo el poder global se ejerce sin contemplaciones legales ni diplomáticas. La operación, justificada bajo la premisa de seguridad nacional, redefine de manera unilateral la soberanía: un país puede ser invadido selectivamente y sus líderes removidos bajo acusaciones federales, con independencia del derecho internacional. Es cierto, hay argumentos sobre la necesidad de frenar el narcotráfico y proteger vidas, pero la técnica y el mensaje geopolítico abren la puerta a precedentes peligrosos. ¿Qué detiene a otras potencias de replicar esta lógica, pero en contra nuestra o de cualquier otro país? Rusia contra Ucrania; China contra Taiwán; Estados Unidos contra México… La doctrina de la “soberanía condicional” deja a la legalidad en la vitrina de objetos decorativos.

En este contexto, América Latina no puede más que observar. Los aliados de Maduro, desde Cuba hasta Nicaragua, han entrado en pánico; México, con su historia de tolerancia calculada a ciertas conexiones ilícitas, se enfrenta a un espejo que preferiría romper: ¿qué pasa cuando líderes o funcionarios locales resultan presuntamente vinculados a estructuras criminales, y Washington decide actuar sin pedir permiso? No sugiero acusaciones formales, pero la historia reciente de colaboración entre carteles mexicanos y redes venezolanas coloca al país en una zona de riesgo. Este es un recordatorio incómodo de que la política y el crimen a menudo se entrelazan de manera más explícita de lo que los discursos oficiales reconocen.

La operación también nos fuerza a cuestionar nuestra complacencia frente a la clase política. Mientras se aplaude o condena según el sesgo ideológico, las élites en México observan, negocian y, a veces, actúan con la seguridad de que la impunidad prevalecerá. El caso Maduro evidencia que la acumulación de poder sin control, sin transparencia y con vínculos con el crimen, termina siendo costosa y peligrosa, aunque sea en otro país. Los espejos incómodos, otra vez, no están lejos de casa.

Sin embargo, es importante mantener la claridad: condenamos la dictadura venezolana, sus mecanismos de represión y la entrega del país al crimen. Pero también debemos condenar los métodos utilizados por Estados Unidos, que, más allá de la justificación, alteran reglas básicas de convivencia internacional y presentan un precedente para intervenciones extraterritoriales que nadie puede ignorar. La lección no es solo geopolítica; es ética, legal y, sobre todo, política.

El desafío para México y la región es doble. Por un lado, observar cómo se reconstruye Venezuela bajo supervisión externa y cómo esto afecta a los flujos migratorios, la seguridad y el mercado energético. Por otro, cabe preguntarnos —sin caer en alarmismos— qué tan robusta es nuestra propia clase política frente a tentaciones, presiones o vínculos que comprometan soberanía y legalidad. El espejo de Maduro refleja, en toda su crudeza, lo que puede pasar cuando el poder se separa de la responsabilidad: corrupción institucionalizada, criminalidad disfrazada de política y una sociedad que paga el precio.

Así, la captura del dictador Nicolás Maduro no es solo un hecho internacional; es un recordatorio ácido para quienes ejercen poder en nuestro continente: la historia juzga, la geopolítica decide, y los espejos, por incómodos que sean, siempre terminan reflejando verdades que algunos prefieren ignorar. La clase política mexicana, con sus zonas grises y complicidades históricas, debería mirar con atención, sin aplausos ni desprecio automático: el futuro es, siempre, un juego de consecuencias.

APUNTES CLAVE:

FELIZ AÑO: Esta columna estaba prevista para regresar hasta el próximo 12 de enero; no obstante, la realidad —siempre más rápida que el calendario— obligó a adelantarla. Desde este espacio, envío a usted y a los suyos mis mejores deseos para el año que inicia, con la certeza de que 2026 no será un año cualquiera: estará marcado por decisiones políticas, disputas de poder, narrativas en conflicto y una contienda electoral que, aunque oficialmente no ha comenzado, en los hechos ya se encuentra en curso. //EMBARAZO ADOLESCENTE: La diputada Anita González (PRI) presentó una iniciativa para fortalecer las políticas públicas dirigidas a niñas y adolescentes en gestación, con el fin de garantizar su acceso a educación, salud y protección integral. La propuesta busca atender el embarazo adolescente como un problema de derechos humanos, ante las altas tasas registradas en México. //AGENDA: La Agenda Legislativa 2026 de Morena plantea un paquete de reformas en justicia, seguridad, economía, derechos humanos, medio ambiente y cultura, con el objetivo de modernizar el marco legal y fortalecer al Estado. El plan incluye cambios al sistema judicial, al combate a la delincuencia organizada, a la jornada laboral y al impulso productivo, según expuso el diputado Ricardo Monreal. //SANCIONES: El Gobierno de Puebla informó que, como parte de su política de cero tolerancia, inició más de 300 expedientes por presunta corrupción y ya aplicó sanciones a servidores públicos. Las investigaciones se derivan de denuncias ciudadanas, auditorías y revisiones, con el objetivo de fortalecer la legalidad y la rendición de cuentas.

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