Un caso judicial ocurrido en Durango ha detonado una ola de indignación pública y ha puesto bajo escrutinio los vacíos legales que permiten que herramientas diseñadas para proteger derechos humanos sean utilizadas para evadir responsabilidades familiares. La denunciante, la psicóloga Gloria Valentina Méndez, acusó a su expareja, el abogado Cristian Jafet Montenegro Chairez, de modificar legalmente su identidad de género con el presunto objetivo de evitar el pago de pensión alimenticia y obtener ventajas procesales en un juicio familiar que lleva más de cuatro años sin resolverse.

De acuerdo con los testimonios de Méndez, Montenegro realizó el cambio registral justo cuando enfrentaba denuncias por violencia familiar y un proceso de divorcio. Tras obtener una nueva acta de nacimiento como mujer, solicitó ser atendido con “perspectiva de género”, figura jurídica creada para proteger a mujeres en situación de vulnerabilidad, pero que en este caso —según la denunciante— fue utilizada como un recurso estratégico para revertir el proceso y colocarse en posición de ventaja.

La situación escaló cuando, durante una audiencia, Méndez pidió al juez aplicar perspectiva de género por su condición de víctima. En respuesta, Montenegro presentó su nueva identidad legal y exigió el mismo trato. El juez Jaime Romero Maldonado permitió que el proceso continuara sin resolver el conflicto de criterios ni analizar la temporalidad del cambio de género respecto al litigio, lo que derivó en que Méndez fuera vinculada a proceso por presunta sustracción de menores, sin investigación previa, mientras sus denuncias por violencia permanecen estancadas.

El caso ha sido calificado por la denunciante como “una burla al sistema”, al advertir que la falta de criterios claros permite que figuras legales diseñadas para proteger derechos sean manipuladas para evadir obligaciones económicas y responsabilidades parentales. La polémica creció cuando se reveló que Montenegro, además de su trayectoria como abogado, ha ocupado cargos públicos y ha sido aspirante a puestos institucionales, lo que alimentó señalamientos sobre tráfico de influencias y asimetrías procesales en su favor.

La controversia también se amplificó en medios nacionales y redes sociales, donde el caso fue retomado como ejemplo de los riesgos de no contar con mecanismos que impidan el uso indebido del reconocimiento de identidad de género para fines ajenos a la protección de derechos humanos. Incluso se ha señalado que el acusado estaría ofreciendo asesoría a otros hombres interesados en replicar la estrategia para evitar obligaciones alimentarias.

El episodio ha reabierto el debate sobre la necesidad urgente de revisar los marcos normativos y los criterios judiciales para evitar fraudes de ley sin vulnerar los derechos de las personas trans. Mientras tanto, la menor de cuatro años permanece en el centro de una disputa legal marcada por contradicciones, retrasos y decisiones judiciales cuestionadas.

El caso continúa abierto y sin resolución definitiva, pero ya dejó al descubierto un problema mayor: un sistema de justicia incapaz de distinguir entre el ejercicio legítimo de derechos y su manipulación estratégica, con consecuencias directas para mujeres, niñas y niños que dependen de la protección institucional.