La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó una pena de dos años de prisión y una multa económica contra el periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario Tribuna, a raíz de las denuncias presentadas hace un año por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román por presuntas calumnias, difamación, discurso de odio e incitación a la violencia. El caso ha encendido alertas nacionales por las implicaciones que tiene para la libertad de expresión y por el uso del aparato judicial contra voces críticas.

De acuerdo con los reportes periodísticos, la agente del Ministerio Público, Jennie Clarivel Mendieta, presentó la solicitud de encarcelamiento ante la jueza Guadalupe Martínez Taboada, quien pospuso la audiencia intermedia para el 10 de febrero, fecha en la que deberá concluir esta etapa procesal y, eventualmente, turnar el expediente a un juez penal. La Fiscalía también exige una reparación del daño que ascendería a dos millones de pesos, cifra que el propio periodista calificó como desproporcionada y dirigida a inhibir la crítica pública.

El proceso ha estado marcado por decisiones judiciales consideradas inéditas en el país, como la designación de interventores encargados de revisar y autorizar contenidos antes de su publicación, una medida que especialistas han señalado como una forma de censura previa, prohibida por la Constitución mexicana. Además, González Valdez ha denunciado que el Ministerio Público se ha negado a valorar documentos que acreditan su jubilación y su salida de la empresa donde se difundieron los contenidos señalados.

El periodista ha advertido que enfrenta un “acoso judicial” sistemático, en el que —según su testimonio— se utilizan instituciones de gobierno y cuerpos de seguridad para presionar y silenciar a comunicadores críticos. Señaló que su caso no es aislado, pues otros periodistas de Campeche han sido denunciados, sancionados o sometidos a medidas restrictivas por publicaciones consideradas ofensivas hacia la mandataria estatal.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han seguido de cerca el caso, al considerar que la criminalización de periodistas por motivos relacionados con su labor informativa constituye un retroceso democrático y un uso indebido del poder público.