Por: Saúl Monreal

Hoy por hoy es más que necesario el análisis racional sobre los últimos acontecimientos geopolíticos; y más en nuestro caso como representantes populares e integrantes del más amplio movimiento social de transformación en México, pues consideramos indispensable profundizar en la reflexión colectiva sobre los sucesos recientes protagonizados por el gobierno de los Estados Unidos en su relación con el gobierno bolivariano de Venezuela.

Estos hechos no pueden analizarse desde la óptica simplista de afinidades políticas o diferencias ideológicas, sino desde una perspectiva superior que es, ante todo, la paz y la preservación del orden jurídico internacional entre las naciones.

Y es que nosotros no podríamos sino coincidir con la postura de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y nuestro total respaldo. Coincidimos en que el uso de la fuerza jamás puede sustituir al derecho, ni los bombardeos, las amenazas o las acciones coercitivas pueden anteceder a los acuerdos, al diálogo y a los mecanismos institucionales previstos por la comunidad internacional.

La historia reciente demuestra que la violencia no resuelve conflictos políticos; por el contrario, los agrava, los prolonga y multiplica el sufrimiento de las poblaciones civiles.

El derecho internacional existe precisamente para evitar que las diferencias entre Estados se diriman por la vía de los hechos consumados o de la imposición militar, la Organización de las Naciones Unidas y su Carta fundacional establecen con claridad que la solución pacífica de las controversias no es una opción secundaria, sino una obligación jurídica y moral.

Ignorar estos principios equivale a normalizar la ley del más fuerte y a debilitar el entramado institucional que ha permitido, con todas sus imperfecciones, contener conflictos de escala global.

Es importante reconocer, con honestidad intelectual, que en Venezuela existe una pluralidad política real y que una parte significativa de su población mantiene una postura crítica frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Esa realidad, sin embargo, no puede ni debe ser utilizada como justificación para avalar intervenciones externas, mucho menos aquellas que recurren al uso de la fuerza. Resulta profundamente preocupante que sectores de la oposición política, alineados con una derecha internacional, observen con júbilo la posibilidad de que una potencia extranjera intervenga en su propio país. Esa lógica es difícil de explicar desde cualquier concepción democrática, pues implica renunciar a la soberanía nacional como valor supremo y subordinar el destino colectivo a intereses ajenos.

En este punto debemos retomar los dogmas centrales del humanismo, el acuerdo, la no intervención y, particularmente, sobre los riesgos de normalizar las acciones unilaterales y de desplazar el derecho por la fuerza.

En estos tiempos, nadie en su sano juicio debemos aceptar que los bombardeos precedan a los acuerdos y que la coerción sustituya al consenso, pues se abre un precedente que pone en riesgo a todas las naciones, sin excepción.

En México hemos sostenido históricamente que la paz se construye con respeto, no con amenazas, con diálogo, ni con misiles. Por eso siempre retomamos la cita más memorable del presidente Juárez: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz» y esto no es negociable.

Evitar la violencia implica exigirse al máximo para el diálogo y la tolerancia entre los Estados. Es la condición indispensable para un orden internacional justo y para un futuro en el que la política vuelva a imponerse sobre la violencia.