La declaración de la Casa Blanca sobre la “gran cooperación” con el gobierno encargado de Venezuela, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, plantea serias interrogantes sobre el respeto a la soberanía nacional y los principios del derecho internacional.

El ataque del 3 de enero contra Caracas, que dejó decenas de muertos y culminó con la captura del mandatario venezolano, constituye un hecho que organismos internacionales podrían considerar como una violación flagrante de la Carta de la ONU, que prohíbe la intervención militar en asuntos internos de los Estados. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, bajo un contexto de presión externa, refuerza la percepción de que se está imponiendo un cambio de régimen por la fuerza, lo que contradice los principios de autodeterminación de los pueblos.

Expertos en derecho internacional advierten que este tipo de acciones sientan un precedente peligroso: legitimar intervenciones militares bajo el argumento de “restaurar la democracia” erosiona el sistema multilateral y abre la puerta a conflictos regionales. Además, la cooperación mencionada por la Casa Blanca podría interpretarse como una injerencia directa en la estructura política venezolana, debilitando la institucionalidad y generando tensiones con países que defienden la no intervención, como Rusia y China.

Este escenario no solo afecta la estabilidad política de Venezuela, sino que amenaza la arquitectura jurídica internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial. Si se normaliza la intervención armada para resolver disputas políticas, el orden global basado en normas corre el riesgo de fragmentarse, incrementando la posibilidad de guerras preventivas y sanciones unilaterales.