La Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk Yeol por la imposición de la ley marcial decretada el 3 de diciembre de 2024, una medida que desató una grave crisis institucional y fue ampliamente rechazada por la oposición política y diversos sectores de la sociedad.

De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, el Ministerio Público acusó al exmandatario de haber recurrido a esta medida extrema con el objetivo de evitar su destitución, al tiempo que señaló que Yoon Suk Yeol justificó su decisión al acusar a la oposición de simpatizar con Corea del Norte, una afirmación que los partidos opositores calificaron como “ridícula” y sin sustento.

La imposición de la ley marcial incluyó el cierre del Parlamento, la prohibición de las actividades de los partidos políticos y el control de los medios de comunicación por parte de las Fuerzas Armadas, acciones que fueron consideradas como una ruptura del orden democrático y del marco constitucional del país.

Fuentes legales citadas por medios locales indican que el tribunal encargado del caso podría emitir su veredicto a principios de febrero, en un proceso que mantiene en vilo a la opinión pública y que podría marcar un precedente histórico en la vida política y judicial de Corea del Sur.