A trece días de haber iniciado 2026, el debate sobre la implementación del programa “Hoy No Circula” en el Valle de Toluca ha dejado de centrarse únicamente en la calidad del aire para trasladarse, con fuerza, al terreno del impacto económico y social. Más allá de los argumentos técnicos y ambientales que suelen acompañar este tipo de políticas públicas, la medida ha encendido la inconformidad de amplios sectores de la población que sienten, una vez más, que el costo de las decisiones gubernamentales recae directamente sobre sus bolsillos.

Desde la dirigencia estatal del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval ha planteado una lectura distinta al discurso oficial. Para la senadora, el programa no responde a una estrategia integral de cuidado ambiental, sino a un mecanismo de recaudación que aprovecha la bandera ecológica para imponer multas, trámites y pagos que, en conjunto, pueden alcanzar hasta 6 mil 863 pesos por persona. Una cifra que, en el contexto económico actual, resulta particularmente pesada para millones de familias mexiquenses.

El señalamiento no es menor si se observa el panorama vehicular de la entidad. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente, el Estado de México cuenta con más de 10 millones 496 mil vehículos registrados, de los cuales el 62 por ciento no ha cumplido con la verificación. Esto implica que más de siete millones de unidades deberán regularizarse, especialmente en regiones estratégicas como el Valle de Toluca y Tianguistenco, zonas de paso obligado para miles de automovilistas que se desplazan diariamente por motivos laborales, escolares o de salud.

La crítica central no se limita a la obligatoriedad de la verificación, sino al cúmulo de costos asociados. Una multa de 3 mil 394 pesos por verificación extemporánea, más 566 pesos del trámite, se suma a otros pagos ineludibles al inicio del año: refrendo, reemplacamiento y licencia de manejo. El resultado es una carga financiera que, según la dirigencia priista, podría traducirse en una recaudación superior a los 28 mil millones de pesos, sin que exista claridad sobre el destino final de esos recursos.

En esta lectura, el problema de fondo no es la regulación vehicular en sí, sino la ausencia de una política ambiental integral que acompañe las restricciones. Mientras se endurecen las sanciones, persisten carencias históricas: transporte público deficiente, falta de opciones de movilidad limpia, escasa reforestación urbana y carreteras en mal estado. Para muchos ciudadanos, el mensaje que reciben no es el de una corresponsabilidad ambiental, sino el de un castigo administrativo que no ofrece alternativas reales.

El impacto social también ocupa un lugar central en el debate. Madres y padres de familia que dependen del automóvil para llevar a sus hijos a la escuela, comerciantes que trasladan mercancías, personas adultas mayores que requieren movilidad constante para atender su salud, enfrentan ahora una narrativa que los coloca como “privilegiados” por tener un vehículo, sin considerar las condiciones estructurales que los obligan a usarlo.

Desde esta perspectiva, el Hoy No Circula se convierte en un símbolo de una política pública que prioriza la sanción sobre la planeación. El reclamo no es la eliminación del programa, sino su transformación: transparencia en el uso de los recursos recaudados, evaluaciones periódicas de la calidad del aire y, sobre todo, inversiones visibles en infraestructura y transporte digno que permitan a la ciudadanía cambiar hábitos sin sacrificar su economía.

El contraste es evidente. Mientras el gobierno presume incrementos al salario mínimo, buena parte de ese ingreso adicional parece diluirse entre impuestos, multas y derechos. En ese contexto, el discurso ambiental corre el riesgo de desgastarse y perder legitimidad social.

Al final, el debate sobre el Hoy No Circula en el Valle de Toluca revela una tensión más profunda: la distancia entre las políticas diseñadas desde el escritorio y la realidad cotidiana de quienes viven, trabajan y se mueven en la entidad. Una discusión que, más allá de colores partidistas, pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿puede cuidarse el medio ambiente sin asfixiar económicamente a la ciudadanía? La respuesta, coinciden diversos actores, solo será creíble cuando la planeación sustituya a la improvisación y las multas dejen de ser el eje central de la política pública.