El Partido Revolucionario Institucional en el Senado demandó la suspensión inmediata del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles impulsado por el Ejecutivo Federal, al advertir que esta medida representa un riesgo directo para la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en México.

El Grupo Parlamentario presentó un exhorto para detener la aplicación del padrón hasta contar con una evaluación técnica, jurídica y de derechos humanos integral. “El Estado debe combatir la delincuencia con inteligencia, no con medidas que sacrifican derechos constitucionales y exponen a la población”, señalaron las y los legisladores.

El PRI advirtió que la iniciativa carece de controles suficientes y repite errores del pasado, como el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), invalidado por la Suprema Corte en 2022 por violaciones a derechos humanos. Además, alertó que la recolección masiva de datos personales y biométricos no garantiza la reducción de delitos como extorsión o fraude; por el contrario, crea bases de datos altamente vulnerables y atractivas para la delincuencia organizada.

Como ejemplo, recordó que el primer día del registro Telcel reportó la vulneración de su plataforma y la filtración de información sensible, lo que confirma los riesgos técnicos y la falta de garantías para proteger la privacidad.

El PRI criticó que esta política ignore precedentes constitucionales y minimice el impacto en poblaciones vulnerables, especialmente aquellas expuestas a violencia, discriminación o criminalización. Subrayó que la obligación de entregar fotografías y huellas dactilares incrementa el riesgo de suplantación de identidad, robo de dispositivos y responsabilidades penales injustas en casos de clonación o uso indebido.

“México no puede retroceder en materia de derechos humanos ni permitir medidas que abran la puerta al espionaje sin controles judiciales”, concluyó el Grupo Parlamentario.