Cuesta menos una democracia cara que una dictadura gratuita. Esa es la advertencia que hoy resuena con fuerza frente a la amenaza que representa la reforma electoral impulsada por Morena, un proyecto que no busca perfeccionar el sistema democrático, sino desmantelarlo para concentrar el poder en manos del Ejecutivo. Lo que se presenta como una medida técnica y austera es, en realidad, una operación política para instaurar un régimen autoritario disfrazado de legalidad.

La democracia mexicana no nació de la improvisación. Es fruto de décadas de lucha, acuerdos y reformas que permitieron pasar de un sistema cerrado a uno plural, con elecciones transparentes y competencia real. Desde 1963, el PRI abrió la puerta a la transición democrática, reconociendo a la oposición y sentando las bases del sistema electoral que hoy garantiza la alternancia. Ese legado no fue perfecto, pero sí decisivo para que México avanzara hacia un modelo donde las reglas se construyen para todos, no para quien gobierna.

Morena pretende romper de tajo esa trayectoria histórica. Su reforma busca debilitar al Instituto Nacional Electoral, politizarlo y subordinarlo al poder presidencial, eliminando la autonomía que impide que el gobierno sea juez y parte en las elecciones. Sin un árbitro independiente, los comicios dejarán de ser una contienda democrática para convertirse en una simulación. Bajo el falso discurso de la austeridad, el narcogobierno quiere abaratar la democracia, ignorando que la experiencia internacional demuestra que los países que recortaron sus instituciones electorales en nombre del ahorro —Hungría, Nicaragua, Venezuela— terminaron pagando con autoritarismo, captura del Estado y pérdida de libertades.

La reforma no solo amenaza al INE; también busca manipular la representatividad en el Congreso, sobrerrepresentar a Morena y borrar a las minorías políticas para construir un Legislativo dócil, sin contrapesos, convertido en una oficialía de partes del Ejecutivo. Es la “Ley Maduro” tropicalizada: una farsa que pretende instaurar una narcodictadura en México, bajo el disfraz de legalidad y con el respaldo de un pacto criminal que ha permitido la infiltración del narcotráfico en la política. Reducir el financiamiento público a los partidos no es ahorro, es abrir la puerta para que los cárteles financien campañas, impongan candidaturas y capturen el poder, como ya ocurre en varias regiones del país.

Frente a esta amenaza, el PRI afirma con claridad: no vamos a claudicar ni a doblegarnos. Defenderemos la autonomía del INE, la competencia electoral y el pluralismo en el Congreso. México no merece retroceder a un sistema donde el poder se concentra en un solo partido y la voz ciudadana se silencia. Queremos un régimen donde todas las voces cuenten, donde el poder se dispute y se limite, y donde ningún gobierno pueda gobernar sin controles democráticos reales.

Cuesta menos una democracia cara que una dictadura gratuita. Esa es la verdad que debemos defender con firmeza, valentía y determinación. Porque lo que está en juego no es una reforma técnica, sino el futuro de la nación, las libertades y los derechos que hemos construido. Y ante la amenaza del narcogobierno, la respuesta debe ser clara: México no será Venezuela, ni Nicaragua, ni Hungría. México será libre, plural y democrático, porque así lo exige su historia y lo merece su pueblo.